Jueves, 15 de noviembre del 2012 Agustín Hernández de la Torre (Madrid)

Cada vez que se convocan huelgas, y especialmente cuando pueden suponer la paralización del sector privado, desde la patronal, las cúpulas empresariales e incluso desde los gobiernos se hacen declaraciones sobre su impacto económico. Así, se da el dato de las pérdidas ocasionadas y el coste que en general supone el ejercicio de este derecho del trabajador. Sin embargo, nada se dice del precio que se paga por el mismo: cada trabajador que libremente (por supuesto) decide secundarla, deja de percibir su salario por ese día en los términos que establece la ley. Quizá se deberían hacer públicas también las cifras de este ahorro. Puede que no sea proporcional a la reducción de ingresos producida, pero tampoco son exactamente pérdidas las reducciones del beneficio en que se basan las empresas para plantear EREs, despidos y alteraciones de las relaciones laborales, permitidas por unas regulaciones aprobadas sin sensibilidad en el ámbito del trabajo y contra las que, precisamente, se lleva a cabo la protesta.

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