Lunes, 27 de abril del 2015 Anna M. Guillén (Girona)

Antes de nada, creo que habría que definir el concepto público dentro de la sanidad española, donde no significa para todos; los que utilizamos silla de ruedas no tenemos cabida casi nunca en ese todos. Por ejemplo, si yo voy al médico y me han de hacer cualquier tipo de exploración o prueba que requiera tumbarme en la camilla, no me la podrán hacer porque estas son tan altas que no puedo acceder a ellas. Eso podría arreglarse con una grúa o un celador (ya no digo una camilla eléctrica), pero el presupuesto no da y me han llegado a decir que en estos casos he de llevarme yo al porteador para que me ayude a subir al Everest, perdón, a la camilla.
Otro ejemplo: para pesar a una persona que va en silla de ruedas se necesita una báscula especial a la que se accede con la silla, luego se resta el peso de la misma y así se obtiene el resultado. Pero en toda Girona solo hay dos básculas así y ninguna está en un CAP. ¿Cómo lo solucionan? Te llevan a la cocina o a la lavandería o al almacén y te pesan en la báscula de los paquetes. Y aún hay más, como la falta de espacio para las sillas de ruedas en las salas de espera, personal sanitario en ocasiones poco preparado para tratar con nosotros... Nos abocan a las aseguradoras de salud. Ah, no, se me olvidaba que casi ninguna aseguradora admite a una persona con discapacidad previa. Siempre nos quedará la privada... Pero, claro, con las pensiones que cobramos no nos llega. Solo nos queda rezar para no tener que ir al médico.
 

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