Sábado, 4 de mayo del 2013 Núria Carrera (Decana Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya)

El último recorte a la ley de dependencia anunciado por el Gobierno hace temer una serie de efectos que, de llegar a confirmarse finalmente, supondrían un ataque directo a los servicios sociales de proximidad.
La situación límite en la que se encuentran las administraciones tanto autonómicas como locales significa que el ahorro de más de 1.000 millones de euros prometido por el Gobierno a la Unión Europea no podrá compensarse y, por tanto, se traducirá en nuevos y durísimos recortes de servicios y prestaciones a los ciudadanos.
Una interpretación urgente apunta hacia la desaparición de la prestación que reciben los cuidadores, una figura ya muy deteriorada después del decreto del 2012. En caso de extinguirse por completo esta ayuda, las personas ¿fundamentalmente mujeres¿ que renunciaron a su trabajo para poder cuidar y hacerse cargo de sus familiares se quedarán sin ningún ingreso económico y, dadas las circunstancias del mercado laboral actual, con la práctica imposibilidad de encontrar un nuevo empleo.
El resultado del nuevo recorte: más vulnerabilidad y mayor riesgo de exclusión, tanto para las personas dependientes como para su entorno familiar.

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