Martes, 3 de marzo del 2015 Francisco Cárdenas (Barcelona)

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de la infancia. Aunque aporta algunas novedades importantes, por ejemplo el reconocimiento de la adopción abierta, no soluciona la que es la gran carencia de nuestro sistema: un técnico puede, por la vía administrativa, separar a un menor de su familia y llevarlo a otra familia o a un centro, pagando en este caso 4.000 euros mensuales por su mantenimiento. Es una decisión muy importante, que cambia la vida de una persona, y que se toma sin ningún control judicial y por tanto de una manera arbitraria en muchos casos. No ocurre así en países de nuestro entorno, en los que la declaración de desamparo la da un juez, en un proceso que garantiza los derechos de todos. Esperemos que este aspecto sea modificado en los trámites parlamentarios.
 

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