Viernes, 28 de agosto del 2015 Miguel Herrero (Madrid)

Días atrás todos estuvimos muy preocupados y apenados por el incendio que asoló la sierra de Gata. Tras el fuego quedan parajes naturales destruidos, medios de subsistencia arruinados, ilusiones rotas. Fueron días de solidaridad con los afectados y desplazados. Saltaron lágrimas al ver la espontánea ovación a los bomberos portugueses a su paso por Moraleja, al igual que los aplausos que dimos en Ceclavín al ver los hidroaviones sobre nuestro cielo, un cielo impregnado del terrible olor a humo de la vida que muere. Ante el fuego no basta con tener parques de bomberos y personal cualificado dispuesto a arriesgar su vida. Hay que apoyarlos desde la retaguardia. Al inicio del verano, el Gobierno de Rajoy aprobó la modificación de la ley de montes que permite la recalificación de los terrenos tras un incendio. En el país de mayor diversidad biológica de Europa y situado a las puertas del desierto, esta ley es un atentado contra la naturaleza y contra las personas, pues permite a unos pocos (ya sabemos quiénes) lucrarse del mal de toda una comarca. Alienta a los incendiarios para convertir, con solo una cerilla, terrenos de alto valor paisajístico y ecológico en terrenos urbanizables. Además, prohíbe a los agentes forestales investigar las causas de un fuego. ¿Qué temen que puedan descubrir? Una legislación democrática debe ser de tolerancia cero para los incendiarios. En la actualidad es prácticamente imposible condenarles. Una impunidad que no puede continuar. La nueva ley debe derogarse de inmediato y debe perseguirse a los incendiarios como autores de actos criminales contra toda la comunidad. 

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