No puedo menos que sonreír al leer en el artículo 'Los huertos ilegales proliferan en los campos del Baix Llobregat' (12 de julio) que el parque agrario del Baix Llobregat reclama «más músculo» contra la proliferación de los huertos ilegales, que no tienen suficiente con 800.000 euros anuales para su funcionamiento diario y que desmontar los huertos de Sant Feliu tiene un coste de dos millones de euros. ¿Qué permiso de actividad tienen? ¿Qué administración los ha permitido? ¿Por qué no han hecho cumplir la normativa? ¿Dónde están los celadores o los inspectores de las administraciones? Además de no cumplir la normativa de parcelación, ubicación, control de plagas y venta de los productos, algunos tienen la osadía de llamarse ecológicos. Ahora que el descontrol se ha hecho dueño y señor de los campos, ¿cuántos expedientes se han abierto? ¿Realmente cuesta dos millones hacer cumplir la ley? La dejadez y permisividad de las administraciones ha hecho que muchos agricultores vean en la parcelación de sus tierras la compensación que por desgracia no han podido lograr con su esfuerzo. El parque agrario se reivindica como un polo económico y de gran productividad, pero si sigue así convertirá en una reserva agrícola desmenuzada. ¿O es una reserva para cuando venga otro Adelson? Puede haber huertos lúdicos, pero las administraciones deben proporcionar y controlar el lugar adecuado, para que este ocio no entre en conflicto con la agricultura profesional.
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