Viernes, 27 de junio del 2014 Diego García (Santander)

El Tribunal Constitucional, como ya hizo el Gobierno, ha sentenciado que las comunidades autónomas no tienen potestad para legislar en contra de la implantación de las técnicas de fracking en sus territorios. Esto prueba que, incluso siendo cierto que existen duplicidades entre el Gobierno estatal y los autonómicos que han de ser corregidas, a las autonomías aún les faltan competencias para poder hacer una política que redunde en el beneficio de la propia región, evitando injerencias externas que pueden responder a intereses distintos a los de la comunidad. En Cantabria, los ciudadanos hemos dicho alto y claro, desde hace varios años, que no queremos que el fracking llegue a nuestra región y ponga en riesgo la limpieza de nuestros verdes campos y de nuestras aguas. Y somos los cántabros los únicos que debemos decidir sobre este asunto, ya que somos nosotros los que sufriremos las consecuencias si se llega a implantar. Ni desde Madrid, ni desde ningún otro lugar, nos deberían poder imponer aquello que nosotros no queremos y que ya hemos rechazado. 

Si quiere debatir sobre este tema, escríbanos aquí

Compartir: