Una de las primeras decisiones en las que Mariano Rajoy utilizó el poder casi omnímodo de la mayoría absoluta fue la aprobación de una reforma laboral que acabó con un régimen de garantías para los trabajadores españoles que se prolongaba en el tiempo desde mediados de los años 50. El argumento para, entre otras cuestiones, abaratar el despido hasta límites inferiores a la mitad de la situación anterior era que dinamizaría las nuevas contrataciones y reduciría el desempleo. Tres años después, los números son tercos. Los datos de la EPA del primer trimestre del 2015 reflejan un aumento de 114.300 desempleados, con un incremento de la tasa del paro hasta el 23,78%; en España hay 5.444.600 parados, 171.000 más que cuando Rajoy alcanzó el poder. Según los datos de Eurostat, a finales del 2014 España acaparaba las cinco regiones con más paro de Europa: Andalucía (34,8%), Canarias (32,4%), Ceuta (31,9%), Extremadura (29,8%) y Castilla-La Mancha (29%). Además, en España ganamos un 28% menos que nuestros socios de la UE. Y mientras, los sueldos medios de los ejecutivos de las principales empresas del Ibex son 70 veces superiores a los de sus asalariados. El verdadero drama está en los casos de personas que quieren trabajar y no pueden o de las que trabajaban y se han visto en la calle o de los miles de jóvenes españoles, sobradamente formados, que no ven otra alternativa laboral que emigrar a otros países.
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