En los últimos tres años, los catalanes nos hemos manifestado de forma multitudinaria y pacífica en demanda de nuestro derecho a decidir. La respuesta del Gobierno español es la de aferrarse a una lectura inmovilista de una Constitución que nació coja bajo la vigilancia del poder político y militar de entonces. Todo comenzó a partir de que el Tribunal Constitucional (TC), a petición del PP, tumbó el nuevo Estatut que ya habíamos aprobado los catalanes en referendo legal. Después, vino el no taxativo y rotundo de Mariano Rajoy a un pacto fiscal propuesto por Artur Mas. Posteriormente, el TC, también a petición del PP, se cargó la declaración de sujeto político por parte del Parlament catalán. Hace pocos meses, el Parlamento español, con la mayoría del PP y del PSOE, rechazó la autorización para hacer una consulta que pedía el Parlament catalán. Ahora, nos encontramos con que el Gobierno español ya ha anunciado que impugnará la ley de consultas (sin haberla leído) y la convocatoria de la consulta. También es muy probable que impugne la convocatoria de elecciones, por su carácter plebiscitario. En definitiva, si queremos decidir, en algún momento tendremos que pasar por encima de esta Constitución y de la lectura que se hace de ella. No será desobediencia, será
democracia.
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