Lunes, 3 de agosto del 2015 Joaquim Calero (Barcelona)

Es incomprensible la situación que hemos vivido en la entidad donde trabajo, dedicada a la inserción social y laboral de personas con discapacidad psíquica. Mi intención con este escrito no es criticar a la compañía responsable de lo sucedido (Movistar) sino exponer una situación sobre la que creo que los grandes proveedores de servicios deberían reflexionar. Uno de nuestros centros, dedicado a la formación e inserción laboral de personas con discapacidad psíquica, estuvo una semana incomunicado. Cayó el ADSL (lo que nos dejó sin correo electrónico) y la telefonía dejó de funcionar, lo que supone que en caso de que hubiera surgido alguna incidencia los responsables del centro no disponían de los medios necesarios para contactar con las familias de los usuarios. A pesar de que llamamos más de 30 veces a la compañía para denunciar la situación en la que estábamos, nos topamos con un muro de indiferencia. En siete días no fueron capaces de enviar a un técnico a evaluar la situación e intentar solucionarla. Abrieron y cerraron varias veces la incidencia a nivel interno, perdiendo un tiempo valioso, y nos dieron largas. Creo que la sociedad debe proteger, y no ignorar, a los colectivos más desaparecidos, y por tanto, es imprescindible que las grandes compañías encargadas de los principales suministros reflexionen y realicen los cambios necesarios a nivel interno para evitar que su falta de implicación y esfuerzo puedan perjudicar a los ciudadanos, sobre todo a aquellos pertenecientes a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. 

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