Viernes, 6 de noviembre del 2015 Marianela Sandovares (Setmenat)

Me presenté sabiendo perfectamente qué había pasado en España en 1561, 1704 y 1931.  Sé quién es el presidente de la FEMP. También conozco las obras de Lope de Vega y quién fue El Greco. La cámara alta y la baja con cada uno de sus presidentes: también me lo sabía. Pretendía demostrar que estoy adaptada, cuando hay gente de aquí que no sabe ni que el vicepresidente de gobierno es una mujer. Movilicé a mi familia para que me enviaran certificados, dejé el dinero de mis vacaciones en los trámites del consulado... Y todo para que me digan que no sirvió para nada, que ahora hay una nueva ley de la que aún no ha salido el real decreto y de la que nadie sabe nada, ni en el mismísimo Ministerio de Justicia.

85 euros por el certificado de un examen de adaptación; 100 euros por entrar a una página y registrarnos. ¿Estamos locos? ¡Tres años llevaba esperando el día de la cita! ¿Por qué un trámite que antes no costaba nada ahora cuesta 185 euros? ¿Por qué al menos no aceptan las solicitudes ya programadas con esta fecha para que no pierdan vigencia los certificados carísimos que nos envían desde nuestro país de origen y caducan a los tres meses? Ser español se ha convertido en un negocio.

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