Posiblemente, los profesores de Derecho son los únicos satisfechos del año judicial 2014. Solo han tenido que hacer leer los periódicos a sus alumnos para ahorrarse pensar en casos prácticos: la constitucionalidad de la consulta del 9-N; la suspensión e inaplicación de decretos y normas autonómicos, como los de pobreza energética y sobre los depósitos bancarios; desahucios, lanzamientos y resoluciones europeas en materia de hipotecas; las tributaciones de tarjetas opacas y las de las multinacionales; paraísos fiscales... Sin embargo, la palma
–nos podemos ahorrar la fácil relación con la nobleza– se la lleva el derecho penal. Ha sido el gran año de los escándalos de corrupción, los de cuello blanco, con el surgimiento de figuras esotérico-jurídicas como las del partícipe a título lucrativo o las multas, fianzas e indemnizaciones, o las tres cosas al mismo tiempo. Los profesores también pueden preguntar a sus alumnos quién es el perjudicado en el delito fiscal o el blanqueo de capitales, y hacerles estudiar el ignoto origen de informes en la investigación policial o sobre irrecurribilidad del auto de apertura del juicio oral y los recursos que se presentan. Y se pueden ahorrar el buscar en bases de datos sentencias, resoluciones y recursos. Están todos en la prensa digital, incluso antes de que lleguen a las partes intervinientes en el pleito. Cabe decir, pues, que si para algunos la justicia es un desastre, su difusión mediática favorece que nuestros futuros licenciados en Derecho estén familiarizados con los conceptos, y por tanto mejor formados, por lo que podemos pensar que la justicia, al menos en las universidades, tiene que ir a mejor.
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