La ley del aborto actual –llamada de plazos porque permite la interrupción libre del embarazo antes de las catorce semanas de gestación– no obliga sino que permite. Permite que las mujeres puedan decidir sobre el futuro de su embarazo y no obliga a interrumpirlo a aquellas que quieran llevar adelante su gestación. Ahora, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, abanderando los colectivos que se llaman a sí mismos provida, pretende limitar estos derechos en base a creencias religiosas o éticas mediante una nueva ley que, básicamente, obliga. Tal y como avanzó EL PERIÓDICO, la nueva ley aprobada por el Gobierno incluye una especie de puerta abierta a que se pueda abortar en caso de malformación del feto. Así, se exigirán dos informes médicos en el caso de malformaciones del feto que afecten física o psicológicamente a la madre. Personalmente me parece insuficiente esta medida, pero, en cualquier caso, demuestra una falta de coherencia del ministro Ruiz Gallardón respecto a las manifestaciones anteriores en que hacía apología de los derechos de los no nacidos.
El resultado de esta nueva ley es que el señor ministro de Justicia tendrá la potestad de decidir, delegando en los profesionales de la sanidad, qué madres podrán interrumpir su embarazo y cuáles serán condenadas a no hacerlo. Señor Ruiz Gallardón: consideraciones religiosas al margen, ¿cuándo comienza lo que podemos llamar un ser humano? ¿En el momento de la fecundación? ¿En los primeros días de desarrollo embrionario donde solo hay un cúmulo de células indiferenciadas? ¿En la fase de embrión, de feto, o en el momento de nacer?
Si el tema no fuera tan importante y grave, y no afectara a la salud de las mujeres, me permitiría recomendarle que se planteara una ley que castigue a la ceguera a los adolescentes que desperdician espermatozoides, futuras vidas humanas, por los lavabos. Señor ministro, deje de jugar a ser Dios.
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