Sábado, 20 de septiembre del 2014 Teodor Delgado (Barcelona)

La Constitución española no prohíbe que se consulte al pueblo catalán sobre si quiere la independencia;  lo deja en manos del Rey y del Congreso de los Diputados. Así, toda referencia a la legalidad para impedir esa consulta o referéndum se reduce a un solo argumento: «Es ilegal porque queremos que sea ilegal». Llegar a este argumento es vergonzoso, porque  significa que no se tiene ningún otro ni posibilidad alguna de impedir que Catalunya sea independiente. De hecho, se está reconociendo que si el Estado autoriza la consulta ganarán los independentistas. ¿Que existen argumentos para sostener que la independencia no es deseable para los catalanes? Podría ser, pero la cuestión es si los catalanes pueden ser consultados sobre ese tema, y la prohibición de esa consulta ya es, en sí misma, la prueba de que el Estado está convencido de que no tiene ningún argumento contundente para mantener a Catalunya dentro de España. El Gobierno tiene un dilema mal planteado: si prohíbe la consulta confirma a los independentistas; si la autoriza, también, pero esta última opción es el mal menor, porque ni implica la modificación de la Constitución ni es necesariamente cierto que vayan a ganar los independentistas. Y, en todo caso, solo es una consulta, y siempre, si es necesario, reversible, a diferencia de la primera opción, que da por hecho que los catalanes quieren ser independientes de forma necesaria e irreversible. 

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