EN BARCELONA

Desahuciadas cuatro familias con niños pequeños en plena pandemia

Pese a la oposición vecinal, el gran despliegue policial ha permitido a la comitiva judicial entrar en el 477 de la calle de Aragó para ejecutar el desahucio de los cuatro pisos, propiedad de un fondo inversor

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Helena López

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La fría mañana de este jueves ni la potente organización vecinal -que no falló- ni la mediación municipal a pie de calle fue suficiente. Un gran despliegue de los Mossos d'Esquadra ha facilitado a la comitiva judicial entrar en el 477 de la calle de Aragó y ejecutar la orden de desahucio sobre cuatro familias vulnerables que vivían desde hacía tres años en la finca, propiedad del fondo de inversión internacional Norvet.

A las puertas del invierno, de la segunda ola de la pandemia y con una supuesta suspensión de los desahucios por parte del gobierno de Sánchez que no es tal, como las entidades sociales no se han cansado nunca de denunciar, cuatro familias, una de ellas con una niña confinada pendiente de PCR por un caso positivo en su clase, según denuncia la PAH, han sido expulsadas de sus casas en medio de un fuerte dispositivo policial que ha llevado a la PAH a pedir la dimisión del 'conseller' de Interior, "a quien el cargo le viene muy grande", señalan.

Sin alternativas

Los activistas por el derecho a la vivienda también han exigido al Ayuntamiento de Barcelona que multe a la propiedad por unos desahucios que definen como "totalmente ilegales", ya que la ley 24/2015 obliga a los grandes propietarios -este fondo lo es- a ofrecer alquileres sociales a las familias antes de desahuciarlas. "Pueden imponer multas de hasta 90.000 euros por cada desalojo y pedimos que lo hagan", señalan desde la PAH.

Desde el ayuntamiento, a primera hora, en un último intento por parar el desahucio, volvieron a enviar un escrito a los juzgados con informes de vulnerabilidad de las familias, que también entregaron a Justicia y a Interior . Todo ello sin éxito.

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, denunciaba este miércoles en un vídeo que compartió en sus redes sociales el incumplimiento por parte de la propiedad denunciado por la PAH y anunciaba que el ayuntamiento ya había sancionado a esa misma empresa precisamente por tener otros cuatro pisos vacíos en el mismo edificio. 

Apoyo mutuo

Desde su compra por parte de este fondo de inversor, la céntrica finca se había convertido en un icono contra la gentrificación. En un ejemplo de buena convivencia y de apoyo mutuo entre los inquilinos de toda la vida -también afectados por el cambio de manos de la propiedad y con miedo a acabar en la calle- y los nuevos vecinos, que habían ido ocupando las viviendas que la propiedad había ido dejando vacías al no renovar los alquileres porque no tenían alternativa habitacional y, también, como forma de resistencia. 

Horas antes, esta misma madrugada, los mossos había acudido a la Casa Buenos Aires, en Vallvidriera, para ejecutar la orden de desahucio abierta que pesaba sobre el viejo hotel okupado por jóvenes del barrio para proteger la construcción, que corría peligro de ser derribada. En esta ocasión la oposición de un numeroso grupo de jóvenes concentrados en el edificio ha logrado suspender el desalojo.