El AMB cree que Agbar debería pagar 210 millones si se anula la concesión del agua

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona y vicepresidente de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona, Eloi Badia, considera que en el caso de que el Tribunal Supremo ratifique la anulación de la empresa mixta que gestiona el agua del Área Metropolitana de Barcelona, Agbar no sólo no podrá reclamar una compensación económica por la pérdida de la concesión sino que tendrá que abonar unos 210 millones de euros a la AMB.

Así lo ha explicado Badia este lunes, al cifrar las consecuencias económicas que tendría la hipotética ratificación de la anulación de la empresa mixta por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 2016. Una anulación que se fundamentó en que la firma, creada en tiempos del alcalde Xavier Trias en una decisión respaldada por CiU y el PSC, fue constituida sin concurso, lo que legalmente no era posible.

El cálculo

Según los cálculos que cita Badia, no puede darse por buena la cantidad que Agbar dice haber aportado en el momento de la creación de la empresa, que está participada en un 70% por la propia Agbar, en un 15% por La Caixa y en un 15% por la AMB. La cantidad total aportada inicialmente es en teoría de 476 millones de euros. Pero el concejal Badia, con datos de diciembre del 2018, valora los activos de la empresa mixta en 370 millones de euros.

De esa cantidad, Badia considera que 100 millones de ese total deben restarse porque se corresponden con dividendos que no se deberían haber cobrado, argumenta apelando a la nulidad de la creación de la sociedad, porque el cálculo, naturalmente, parte de que el Supremo ratificará la decisión que en su día tomó el TSJC. La cifra de partida para calcular una posible compensación quedaría así en 270 millones. A La Caixa, por su 15%, le tocarían 40,5 millones. Pero a Agbar no le corresponderían, sin más, los 189 millones que supone su 70% de los fondos propios de la empresa mixta.

Porque la AMB cree que Agbar debe pagar más de 100 millones por conservar el servicio en alta (el de agua no potable, que va a las plantas potabilizadoras, que la autoridad metropolitana no querrá en caso de que el Supremo confirme que cierra la concesionaria), considera que percibió 55 millones en concepto de conocimiento que a la vista de la sentencia del TSJC no debería haber cobrado y que sobrevalora sus activos en 237 millones. En total, una suma de 400 millones de la que Agbar sería deudora.

La factura final

A esos 400 millones, la AMB le resta los 189 ya citados, que Agbar debería recuperar por su 70% de la empresa mixta, y llega al saldo final de los 210,7 millones que según la AMB debería pagar la firma. “Es un escenario optimista”, ha admitido Badia, que ha precisado que el dinero iría a parar “al servicio metropolitano de gestión del agua. Otro asunto es si habrá municipalización o adjudicación a un nuevo concesionario en el caso de que el Supremo ratifique la decisión del TSJC.

Fuentes de Agbar han rechazado replicar al anuncio y han precisado que no tienen constancia de cuándo se pronunciará el Supremo. Pero parece bastante claro que si se da el escenario que ha esbozado Badia, la empresa acabará acudiendo a los tribunales y el asunto se dirimiría en ese ámbito al margen de que el servicio quede en manos públicas o de un nuevo adjudicatario.