Barcelona ha cerrado más de 3.000 pisos turísticos ilegales en dos años y ordenado el cese de otros 1.862

La caza de los pisos turísticos ilegales en Barcelona, que tan infructuosa parece en algunos momentos por la complejidad de la detección, comprobación y largos procesos administrativos previos a un cierre, está dando finalmente sus frutos. Según el ayuntamiento, de los 5.875 anuncios ilegales detectados en diversos portales de internet a finales del 2016 se ha pasado a 272 al acabar el 2018. La persecución de todos esos casos se ha traducido en 4.900 órdenes de cese, de los que un 62% (más de 3.000) ya han dejado la actividad, mientras que 1.862 están pendientes de hacerlo o ser precintados. El ayuntamiento se congratula especialmente de que en casi un millar de casos las viviendas hayan pasado al parque de alquiler convencional.

El llamado plan de choque contra los pisos que se alquilan por días sin licencia ha supuesto analizar más de 17.000 domicilios que se anunciaban a través de 140 plataformas web (en especial en Airbnb), que se han traducido en 6.453 sanciones, sin que el consistorio pueda precisar cuántas se han cobrado hasta que no mejoren algunos recursos informáticos -en transformación- del área de Hacienda. Una lluvia de cifras que en lo que a la ciudadanía concierne supone que la impunidad se ha acabado para los pisos ilegales.

Tecnología y equipo

La tenienta de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, saca pecho al frente de esta cruzada: "El plan funciona y es útil". Un operativo que se cimentó en el uso de herramientas tecnológicas para detectar en las webs la oferta sin número de registro que acredita la licencia de actividad y multiplicando por cinco hasta llegar al centenar, las personas en servicios de inspección y detección.  

Precisamente, los llamados visualizadores de pisos turísticos han expresado su queja por un supuesto recorte de puestos de trabajo, ya que afirman que el departamento ha pasado de 40 personas a alinear solo a 22 y dejará de funcionar en mayo, lo que supondrá la salida de otras 13 con contrato de obra. Sanz ha replicado que tras los resultados obtenidos hay que "redimensionar" el equipo y buscar nuevas "fórmulas administrativas para mantenerlo". "No se quiere prescindir de ellos", ha dicho, recordando que algunos ya eran trabajadores fijos de la empresa municipal BSM que se han "redirigido a otras tareas" y el resto se articularán desde fuera de este paraguas, aún no se sabe cómo. Según los afectados, es paradójico externalizar este trabajo cuando el equipo de Colau promueve la remunicipalización de diversos servicios.

A sabiendas de que muchos operadores de pisos ilegales pueden tener la tentación de fingir que dejan la actividad y volver al poco tiempo a la carga, la ofensiva municipal incluye la recomprobación de que no hay actividad. Se realizan visitas periódicas, sobre todo en momentos de alta ocupación, como durante el congreso de móviles, Semana Santa o verano. Esta rutina ha permitido descubrir que de los más de 3.000 pisos que han dejado la actividad (la gran mayoría de forma voluntaria tras la orden de cese, vistas las sanciones que empiezan por 60.000 euros), un total de 937 se habían reconvertido al alquiler tradicional mientras que 234 eran el domicilio del propietario.

Localización y pensiones

A los más de 1.862 pisos en vías de cese les queda poco tiempo. Tras recibir la orden de cese, disponen de un periodo de alegaciones y recursos de varias semanas. El año pasado solo 70 llegaron a ser precintados, mientras 1.596 acataban el fin de su ilegalidad.

En cuanto a su localización, desde el 2016, más de la mitad de los 13.014 expedientes disciplinarios abiertos se concentran en el Eixample y Ciutat Vella. 

Las pesquisas han permitido también inspeccionar 107 edificios enteros sospechosos, que se han saldado con 95 órdenes de cese  y 72 multas, ante casos de pensiones encubiertas bajo el paraguas de "habitaciones de alquiler" por días o pisos grandes segregados en unidades menores.

La cruzada contra este fenómeno se va abriendo ahora a nuevos frentes. Los esfuerzos de los equipos de inspección, destaca el ayuntamiento, apuntan ahora a la lucha contra el infractor profesional y las redes organizadas que ejercen de anfitrión con diversos contratos de alquiler a su nombre. Según los datos municipales, estos multiinfractores concentran en la actualidad al menos 150 emplazamientos que se publicitan en distintas webs. Para combatirlo se trabaja también con los mossos y la fiscalía.

En el tintero, queda por abordar el auge de las habitaciones de alquiler (alegal aún) por días a turistas -cuya regulación ultima el Govern-, ya que muchas veces ocultan en realidad pisos completos ilegales que se anuncian así para eludir las multas.