Una familia denuncia haber sufrido un aborto a causa del acoso de Desokupa

Salah Salahuddin se ha sentado este martes ante la prensa arropado por representantes del tejido asociativo del Raval, Ciutat Vella y la ciudad. Este vecino del número 13 de la calle de la Riereta ha denunciado públicamente que su familia -él, su mujer, Joly Aktar y su hija de un año y medio-, han sufrido durante meses el acoso de la empresa Desokupa. "Un caso grave de violencia inmobiliaria, ni de lejos aislado en el barrio, que en esta ocasión llegó a provocar el aborto de Joly, por el miedo y el estrés producidos por la agresividad de una de esas visitas", explica el activista Iñaki García. 

"Fue el 6 de octubre. Llegué a casa de trabajar a la una de la mañana, trabajo de cocinero en un restaurante y no nos dejan mirar el móvil, y me encontré a mi mujer tirada en el suelo rodeada de sangre, y a mi hija allí, sin haber podido comer nada en siete horas", relata Salah. Al día siguiente acudió a denunciar los hechos a la comisaría de los Mossos d'Esquadra y el pasado 31 de enero se celebró el juicio, por un delito leve. "Salah fue al juicio sin ningún asesoramiento ni apoyo. Nosotros conocimos el caso cuando ya se había celebrado, por lo que no les hemos podido ayudar. Por eso nos planteamos recurrir cuando salga la sentencia, que seguro que no hará justicia, o incluso presentar una nueva demanda", apunta Irene Escorihuela, directora del Observatori Desc, plataforma que interpuso una querella contra Desokupa por prácticas similares, aún en fase de instrucción.

Salah, originario de Bangladesh y vecino de Barcelona desde hace 16 años, cuenta que alquiló el piso, en el que aún residen, a un hombre pakistaní, que dijo ser el propietario. "Me hizo un contrato que tenía toda la apariencia de legal y me cobró una fianza de 3.000 euros", narra. Resultó no serlo, noticia que recibió, prosigue el hombre, en la primera visita de un trabajador de Desokupa. "Antes del día del aborto, en el que primero nos cortaron la luz, a las 11 de la mañana y después volvieron por la tarde a aporrear la puerta, habíamos recibido varias visitas. Vinieron también justo antes del juicio, para ofrecernos dinero para que retiráramos la denuncia, pero nosotros no queremos dinero, queremos justicia", concluye.

La concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, describe el caso como "el más bestia de brutalidad inmobiliaria" de todos los que han visto por parte de Desokupa. "Nos enteramos de los hechos el jueves pasado, cuando la familia acudió a la Oficina de Vivienda, una vez ya celebrado el juicio. Cuando salga la sentencia, la estudiaremos, y si es necesario, recurriremos a nos presentaremos nosotros mismos como acusación", prosigue la concejala. El consistorio ha presentado cinco episodios protagonizados por Desokupa ante la Fiscalía y se ha personado en dos.

"Desde el ayuntamiento queremos lanzar tres mensajes. A la propietarios, que estas no son formas de actuar, a Desokupa, insistiendo en que no no vamos a permitir estas prácticas en la ciudad, y a los vecinos, que cuando sufran un caso de estos lo denuncien  en la oficina de vivienda", concluye Pin. El propietario de Desokupa, Daniel Esteve, ha asegurado que la versión de esta familia es falsa y ha explicado que la actuación de sus empleados está grabada en un vídeo que, asegura, muestra que fue correcta, informa Efe.

Malas prácticas también en Aragó, 477

En paralelo, la PAH ha denunciado este martes la inundación de los pisos del principal y el entresuelo del edificio en el 477 de la calle de Aragó, propiedad de Norvet SL y cuyas obras fueron paradas por el ayuntamiento el pasado mes de noviembre por no cumplir la normativa.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca también ha denunciado la retirada de los contadores del agua de algunos pisos "recuperados" en la finca, dejando a las familias sin ese suministro básico. "Según la ley 24/2015 ninguna familia vulnerable puede sufrir ningún corte de suministros. Desde la PAH Barcelona, junto a la Alianza contra la pobreza energética, velaremos porque así sea. Solicitamos contadores temporales para solucionar esta situación hasta la regularización total de las familias", señala el colectivo un comunicado.

Según los cálculos de la PAH, en la capital catalana hay 78 edificios comprados por fondos de inversión. 

Según el consistorio, 38 de ellos presentan algún tipo de conflicto, vinculado con la presión -ejercida de múltiples formas- a los inquilinos actuales. Este lunes el consistorio anunció la paralización de las obras de dos fondos de inversión por vulnerar los derechos de los inquilinos.