REMUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS
Dos recursos ponen en riesgo la primera 'multiconsulta' de Colau

La remunicipalización del servicio de suministro de agua, a debate. / periodico

Beatriz Pérez
Beatriz PérezPeriodista
Responsable del área de sanidad/salud de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA desde 2018. En este tiempo he podido profundizar en temas de relevancia social y humana, como la pandemia de covid-19, el sistema de salud catalán, los avances médicos o las desigualdades en el acceso a la sanidad. En abril de 2024, gané la primera edición del Premi Salut i Drets Socials del Col.legi de Periodistes de Catalunya.
Beatriz Pérez
La remunicipalización de los servicios básicos ha sido una de las grandes promesas de los 'ayuntamientos del cambio'. Pero dos recursos contencioso-administrativos presentados el lunes por la Delegación del Gobierno en Catalunya y por la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) amenazan la primera 'multiconsulta' del mandato de Colau,'multiconsulta' que se celebrará previsiblemente en mayo y en la que se abordará la gestión pública del agua. Los recursos se han presentado ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y son contra el Reglamento de Participación Ciudadana, que incluye esta 'multiconsulta'.
Del CCIES forma parte Suez Environnement, empresa propietaria de Aigües de Barcelona (Agbar), y por eso la plataforma Aigua és vida (encargada de plantear la pregunta "¿Quiere usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación ciudadana?") ve una "relación directa" entre la Cámara, Agbar y la decisión de presentar este recurso. "No lo hemos visto aún, pero nos preocupa que esto sea un ataque muy grave a la democracia", ha dicho su portavoz, Míriam Planas.
Francesc Sibina, presidente del CCIES, asegura que el cometido de su mandato es "preservar la seguridad de las concesiones". "En el caso de esta iniciativa se está consultando sobre una cuestión contractual, es decir, sobre un contrato vigente. Los contratos no son cuestionables por consultas populares. Nadie en Europa hace consultas para poner en crisis contratos jurídicos", explica Sibina. "No se le está diciendo a la ciudadanía que será ella la que pague una indemnización importantístima en caso de que este contrato se incumpla".
Más de mil millones
Sin (todavía) informes en la mano, el presidente del CCIES advierte de que esta indemnización estaría entre los mil y los tres mil millones de euros. También matiza que la Cámara ha interpuesto el recurso contra dos puntos concretos del Reglamento de Participación Ciudadana y no contra todo el Reglamento.
El CCIES rechaza también que el pleno del Ayuntamiento pueda ratificar las preguntas de la 'multiconsulta' únicamente con la mitad más uno de los votos, es decir, con mayoría simple. Contra este mismo punto (el artículo 74.3), y por separado, ha presentado también su recurso la Delegación del Gobierno en Catalunya, al considerar que es contrario a la ley de bases del régimen local. Esta establece que estas iniciativas deben contar con una mayoría absoluta.
El ayuntamiento no se ha pronunciado aún al respecto y fuentes del mismo dicen estar "estudiando" los recursos. De momento se desconoce cuál será su repercusión en la 'multiconsulta' y si afectarán solo a la iniciativa del agua o también a todas las demás.
Las otras dos propuestas
Las iniciativas ciudadanas de la 'multiconsulta' iniciaron en diciembre una campaña de <strong>recogida de firmas. </strong>Deben reunir<strong> 15.000</strong> (y en papel) para llegar a las urnas. Además de sobre el agua, se preguntará a la ciudadanía acerca de la implantación de una <strong>supermanzana en Sant Antoni</strong> y sobre el <strong>cambio de nombre de la plaza dedicada al esclavista Antonio López</strong> por el de Idrissa Diallo, guineano fallecido en el CIE. Detrás de esta última está también la productora independiente Metromuster. <strong>Xavier Artigas, </strong>socio, lamenta que "por la <strong>voluntad de Agbar</strong> de parar la remunicipalización del agua" acaben también afectados otros "procesos participativos" y, por tanto, el "sistema democrático" de la ciudad.
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