Barcelona lleva el bono social al Supremo por restrictivo

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este viernes que ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo contra el decreto del Estado que regula el bono social para reclamar su "nulidad" 

En rueda de prensa, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha asegurado que el bono social "no responde a las necesidades y la urgencia de actuar ante la pobreza energética", sino que, a su juicio, "es cómplice de los intereses del oligopolio eléctrico".

"Hemos presentado recurso convencidos de que este bono social no responde a los intereses de la clase popular y de las personas vulnerables", ha asegurado Ortiz.

Según la teniente de alcaldía, el Ayuntamiento de Barcelona "tiene que defender la autonomía local y las competencias de la Generalitat de Catalunya" de un bono social que se ha hecho "de espaldas" a las ciudades, municipios y comunidades autónomas.

En el informe previo a la interposición del recurso, el ayuntamiento asegura que el bono social es contrario al marco legal y dejaría sin protección a un importante grueso de la población. 

En concreto, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) ha calculado que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona atiende por cuestiones de pobreza energética quedarían fuera del bono social y que las administraciones deberían gastar 1,67 millones de euros para cubrir el coste de la factura eléctrica solo en Barcelona.

"Era necesario plantar cara para decir que esta no es la solución y que tiene que prevalecer la ley 24/2015, que ha salido de la complicidad de los movimientos sociales y la ciudadanía para dar respuesta a la pobreza energética", ha dicho Ortiz.

Sanciones por cortes de suministro

El ayuntamiento también ha anunciado que ha impuesto a Endesa cinco multas por valor de 350.000 euros en total, por cortar el suministro a clientes sin reclamar antes el informe social que acredite que no están en una situación de vulnerabilidad económica. La compañía, por su parte, ha asegurado que aún está a tiempo de recurrir administrativamente, que no hay ningún proceso cerrado ni ninguna sanción firme sobre la mesa. A su juicio, que el Ayuntamiento haga este anuncio en la mitad del proceso vulnera el derecho de defensa de la compañía y además prejuzga un futuro fallo judicial, dando por hecho que la compañía es culpable.

Ortiz ha informado de que las cinco sanciones son de 70.000 euros cada una por cortar el suministro sin haber pedido el informe de exclusión residencial en virtud de la Ley 24/2015, que la teniente de alcalde ha recordado que sigue vigente: el Constitucional solo paralizó la parte de la norma que afecta a la vivienda.

Una portavoz de la empresa precisa que en realidad esta solo ha recibido cuatro sanciones. Endesa cuenta con una firma para el mercado regulado y otra para el libre, y una de las multas llegó repetida a ambas.