Propietarios que recurrieron a Airbnb se revuelven contra las multas de Barcelona

Ciudadanos de Barcelona que ofrecieron alojamiento en la que sostienen que es su vivienda habitual a usuarios de la plataforma Airbnb han constituido una asociación para defender sus derechos ante las sanciones impuestas por el consistorio, que les acusa de integrar la red de pisos turísticos ilegales, "sin distinguir entre quienes ofrecían las habitaciones de manera puntual y quienes lo hacen aplicando un patrón especulativo". Argumentos que no han sido admitidos por el consistorio y que llevan a los propietarios a fiar su suerte a un recurso judicial conjunto por la vía contencioso-administrativa, en el que ya trabajan. 

La plataforma Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (ACABA) se ha presentado oficialmente para dar cuenta de su objetivo: que se declaren nulos las procedimientos municipales que pesan sobre ellos, con sanciones de 30.000 a 60.000 euros. Los 56 miembros que la integran sostienen que pusieron en alquiler sus estancias "por necesidades económicas", sin la voluntad de competir "con los grandes tenedores de viviendas", ha expuesto Neal Shanahan, presidente de ACABA. 

Una casa, dos familias

Los asociados lamentan que se ven afectados de manera colateral en un procedimiento consistorial que en su afán por frenar la masificación turítica aplica el veto y las medidas punitivas "de forma indiscriminada, sin distinguir los hogares con dificultades para llegar a fin de mes", según Dylan Tarin, abogado que representa a la plataforma.

Complejidad

Tarin ha expuesto la complejidad de la situación por el conflicto de intereses entre la ley de derecho a la vivienda y la norma que regula la actividad turística. A esta última ha apelado el ayuntamiento para recordar que los propietarios de viviendas de uso turístico deben comunicar su existencia antes de comenzar la actividad además de cumplir con los requisitos que establezca cada consistorio. De lo contrario, la normativa contempla sanciones de al menos 60.000 euros desde febrero del año pasado y que el importe mínimo de 30.000 euros viene determinado por la ley catalana. "La cifra ha ido aumentando porque la actividad ilegal se agrava de manera progresiva", exponen.

El consistorio destaca que es su cometido "velar por el cumplimento de la ley al detectar pisos turísticos que operan sin licencia" y que el argumento de los miembros de ACABA de que desconocían que cometieran una ilegalidad "no les exonera de su cumplimiento". Las mismas fuentes discrepan de los asociados al sostener que solo se multa el alquiler de pisos enteros sin licencia y que el alquiler de habitaciones en el domicilio habitual no se persigue, a la espera de que la Generalitat regule en la materia. "Tras la mediación consistorial, la gran mayoría de plataformas ya solo anuncian pisos legales, y con Airbnb se trabaja para garantizarlo", han subrayado.