Colau apela al diálogo para lograr sus primeros presupuestos pactados

Después de meses en los que la ciudad ha vivido tensiones que han dejado a un lado el día a día de la agenda del gobierno municipal, del atentado en la Rambla al inminente desenlace del proceso soberanista, el ayuntamiento ha retomado este martes una de sus rutinas anuales. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha presentado el proyecto de presupuestos para el 2018, que, ha subrayado, combina la línea ascendente en inversión social con el estímulo de la actividad económica.

El asunto, ahora, es si resulta viable alcanzar un pacto con suficientes grupos de la oposición para que el proyecto vea la luz de forma ordinaria, mediante votación en comisión y pleno. Sería la primera vez que el gobierno de Ada Colau lo consigue.

Pisarello ha viajado de la polémica que ha seguido al referéndum del 1-O a la vida municipal en un segundo. Tras afirmar que la presentación del proyecto de cuentas era un acto de "normalidad institucional" en un momento excepcional -aludía a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prevista para la tarde de este martes en el Parlament-, ha ligado llamamientos propios de la actualidad política catalana y española a la barcelonesa: "En un momento en el que se habla de diálogo, esto debe demostrarse en la práctica".

Con estas palabras, y pidiéndoles que hagan "un esfuerzo extra", la mano derecha de Ada Colau invitaba a los grupos de la oposición a dialogar y a apoyar la aprobación de las cuentas. La verdad es que estos no parecen estar por la labor de facilitar el camino.

Política social y estímulo económico

El proyecto de presupuestos para el 2018 suma 2.642 millones de euros, 62,4 más que en el 2017. De ese total, 2.210,1 millones corresponden a gastos corrientes y 432 millones a inversiones. Si a esta última cantidad se le suman 50 millones del Patronato Municipal de la Vivienda para construcción de vivienda, las inversiones suman 482 millones.

Pisarello ha subrayado que desde el 2015 se ha incrementado en 269 millones lo invertido en gasto corriente. El aumento se ha dado esencialmente en servicios sociales y promoción social (un 27,5% más que hace tres años), educación (un 15,5% más) y vivienda (un 13,1% más).  

El proyecto prevé 328,7 millones de euros para la política de servicios sociales y promoción social, un 15% del total del gasto corriente. El teniente de alcalde ha destacado la apuesta por la mejora del transporte público, para el que el gobierno municipal quiere destinar en el 2018 175,1 millones de euros, 21,6 millones de euros más que en el 2017, un incremento de un 14%.

Pisarello ha querido lanzar un mensaje de confianza ante los anuncios de empresas que abandonan Barcelona y Catalunya y ha esgrimido los presupuestos como una apuesta en defensa de los más vulnerables económicamente así como un estímulo de la pequeña y la mediana empresa. Pero lo cierto es que, ante la pregunta de si tiene ya el consistorio constancia del perjuicio que pueden haber causado a la ciudad el 17-A y la incertidumbre política, traducida ya en numerosos traslados de sedes sociales a Madrid, Valencia o Baleares, el primer teniente de alcalde ha optado por centrarse en el optimismo genérico sin ofrecer una respuesta concreta.

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La aprobación de las cuentas no ha sido plato de fácil digestión para el gobierno de Colau desde que este tomó las riendas de la ciudad en verano del 2015. La falta de apoyos del grupo de Colau, con 11 concejales, no se resolvió con la entrada del PSC en el gobierno, que elevó la nómina a 15 votos, todavía lejos de los 21 necesarios para la mayoría absoluta, y más bien ahuyentó a los socios ocasionales.

En su primer año, la alcaldesa no logró respaldo para aprobar unos nuevos presupuestos y prorrogó los últimos de Xavier Trias, ampliándolos con una modificación de crédito que le costó sudar sangre: el apoyo de ERC y la abstención de la CUP la avalaron tras varios amagos de fiasco.

Ordenanzas, PAM

En su segundo año, Colau aprobó los presupuestos como Trias en el 2013: asociándolos a una cuestión de confianza. La oposición tuvo un mes para ponerse de acuerdo y elegir un alcalde alternativo. Pero en el 2016 con Colau, como en el 2013 con Trias, la aritmética política impedía que ese frente alternativo progresara. Esta podría volver a ser la fórmula elegida por el equipo de gobierno, que también está en posición de prorrogar los presupuestos del 2017.

De hecho, la alcaldesa no solo vio cómo el año pasado resultaba inviable aprobar las cuentas mediante un pacto con otros grupos. El rechazo de la oposición impidió, por primera vez, la aprobación del plan de actuación municipal (PAM) y frustró también que las ordenanzas fiscales para el 2017 vieran la luz: Colau prorrogó las del 2016, que sí logró sacar adelante.