Barcelona cierra casi un millar de pisos turísticos ilegales en un año

La ofensiva del Ayuntamiento de Barcelona contra los apartamentos turísticos ilegales cumple un año. Toca, pues, realizar un primer balance serio, saber si esto ha sido hasta ahora una batalla de trincheras inamovibles, un Dunkerque municipal (lo cual sería trágico) o si, por el contrario, como sostiene la alcaldesa accidental de la ciudad, Janet Sanz, esta es una guerra que el ayuntamiento va camino de ganar. Entre julio del 2016 y el mismo mes del 2017, el Ayuntamiento de Barcelona ha dictado 2.332 órdenes de cese de actividad, de las que se han acatado ya 744. Se han ordenado también 145 precintos. Casi un millar de cierres, pues. El cóctel de cifras es muy variado. Expedientes disciplinarios se han iniciado 6.197, de los cuales 3.473 son sancionadores. ¿Son muchos? ¿Son cifras que huelen a… napalm, como diría Robert Duvall, a victoria? Pues es difícil afinar la respuesta, porque el universo exacto de pisos turísticos de la ciudad se desconoce, pero un año de pesquisas ha servido al menos para conocer mejor al enemigo. Ahí va un dato. Un 15% de los pisos turísticos ilegales de la ciudad los anuncian tunantes que alquilan un piso para después ofertarlo por días sin que lo sepa el dueño de la vivienda.

Ese 15% es solo una fracción menor del total, es cierto, pero es muy simbólica de hasta qué punto Barcelona es percibida dentro y fuera de España como una capital del dinero fácil y sin ley. De eso puede dar fe el cuerpo de 80 funcionarios que peinan la ciudad en busca de apartamentos sin licencia. Hace un año eran 40. En el 2018 serán 110. La guerra promete ser larga. Según esos inspectores, uno de los perfiles habituales entre quienes realquilan como turístico el piso que han simulado alquilar para vivir es el de alguien que ni siquiera reside en la ciudad, que ha firmado varios contratos simultáneamente y cuyo empleo consiste simplemente en contar sus jugosas ganancias a fin de mes. En el reino animal tienen un equivalente en los cuclillos, unos pájaros realmente sorprendentes, que ponen parte de sus huevos en nidos ajenos para beneficiarse del esfuerzo de otros. No es fácil cazarles (no a los cuclillos, sino a los que realquilan pisos) con la munición de que dispone el ayuntamiento en su arsenal, admite la teniente de alcalde.

Un ejército de 'visualizadores'

No obstante, Sanz es parcialmente optimista. Según afirma, en el último año se ha hecho muchos más en esta materia que con anterioridad. Por ejemplo, antes del 1 de julio del 2016 se habían abierto en dos años y medio 3.236 expedientes y se habían cursado 903 órdenes de cese de actividad. Con posterioridad a ese 1 de julio, los expedientes ya son 6.197 y las órdenes de cese 2.332. En parte, esas cifras crecientes son fruto no solo de destinar más personal, sino también de un cambio sustancial en el método de trabajo. Están, por una parte, los inpectores. Hasta aquí, todo como siempre. Pero luego están lo que los responsables municipales llaman los ‘visualizadores’, un cuerpo de agentes de calle que buscan pisos que se anuncian sin licencia en las distintas plataformas de internet, que luego los visitan, que pregunta a los vecinos, a los turistas…. Desde que hace tres meses se duplicó el número de ‘visualizadores’, la pesca ha aumentado. Se han censado 3.300 anuncios sospechosos en internet y se han realizado ya 1.157 visitas a los apartamentos.

La incógnita, sin embargo, es si el ayuntamiento achica agua del barco a mayor ritmo de la que entra por las vías del casco de la nave. Es decir, si la clausura de pisos turísticos sin licencia es aún menor que la apertura de nuevos. En este sentido, como en toda guerra, es fundamental la propaganda, desmoralizar al enemigo. Así, las sanciones, que no siempre son fáciles de cobrar, pueden llegar a los 60.000 euros de multa, una cifra realmente disuasoria, subraya la alcaldesa accidental de Barcelona.

Airbnb da un paso atrás

El otro frente de disputa es Airbnb. No solo Barcelona le echa un pulso a esta empresa. Los responsables de este portal de alquiler de pisos turísticos han rebosado el vaso de la paciencia en varios destinos. En el caso de Barcelona se han avenido a aceptar las reglas de juego que reclama el ayuntamiento. Los inspectores municipales proporcionaron a la empresa una primera lista de 1.000 pisos anunciados que no iban acompañados de su preceptiva licencia oficial. Airbnb se comprometió a retirarlos antes de fin de agosto. Según Sanz, a 15 de agosto los anuncios ya han sido borrados.

Mil anuncios menos es una cifra notable. Se alivia la presión en los barrios, sobre todo en los que más incisiva ha sido la labor de los ‘visualizadores’, en los de Ciutat Vella, la derecha del Eixample, Poblenou y en parte de los de Sants-Montjuïc. Son las zonas en las que las quejas vecinales son más amargas. No es solo que así lo reflejen los barómetros municipales. El enojo se ha manifestado también por otros canales. La búsqueda de pisos turísticos ilegales ha contado con una notable colaboración ciudadana. Los teléfonos gratuitos de denuncia (el 900226226, por ejemplo) han recibido 1.116 llamadas de denuncia desde que hace un año el ayuntamiento envió una carta a todos los vecinos de la ciudad para que colaboraran en la detección de apartamentos turísticos fuera de control. A esa cifra habría que sumar las denuncias que formulan los movimientos vecinales. El pasado de marzo, por ejemplo, la Asamblea de Barris per un Turisme Sostenible alquiló un piso turístico ilegal en la calle Princesa, de una red de otros 12 que gestiona una misma persona. Fue una protesta ingeniosa y con gran eco. Según el ayuntamiento, el expediente de aquel piso sigue su curso y terminará con una sanción.