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CONTROVERSIA EN SANT ADRIÀ DE BESÒS

Tensión en la Mina por la 'okupación' de 40 pisos de protección oficial

Vecinos del degradado bloque de Venus, pendiente de un posible derribo, denuncian que la promoción era para ellos

Los Mossos custodian el perímetro de las viviendas las 24 horas y el propietario ya ha presentado denuncia

VÍCTOR VARGAS / SANT ADRIÀ DE BESÒS

Presencia de vecinos ante uno de los pisos ocupados en la Mina.

Presencia de vecinos ante uno de los pisos ocupados en la Mina. / RICARD FADRIQUE

Un conflicto urbanístico social vuelve a tensar la cuerda de la convivencia en el barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs, después de que un grupo organizado haya 'okupado' una cuarentena de pisos de protección oficial desde el pasado martes por la noche. Inmuebles que en un principio permanecían vacíos a la espera de resolver el hipotético realojo de los vecinos del degradado edificio Venus, cuyo derribo y el posterior destino de sus inquilinos es motivo de controversia con el Consorcio de la Mina.

Es precisamente esta entidad (integrada por la Generalitat, la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y de la capital catalana) la que se encuentra en el ojo del huracán como titular de esos inmuebles, así como por las dudas y sospechas de parte del vecindario por su "tibieza" a la hora de intervenir para evitar esta y otras situaciones "que erosionan gravemente la convivencia". La entidad replica que ya ha denunciado ante la justicia la ocupación de esos inmuebles, cuyo perímetro permanece fuertemente custodiado por varios vehículos de los Mossos d'Esquadra, que han desplazado a efectivos de su unidad antidisturbos, la Brigada Mòbil, las 24 horas.

VIGILANCIA INVESTIGADA

La ocupación llega tres semanas después de la detencion del concejal de Ciudadanía y Servicios a la Persona de Sant Adrià, Juan Carlos Ramos, y al gerente del Consorcio de la Mina, Juan Luis Rosique, por su presunta relación con una red de tráfico de drogas y por una supuesta trama de desvío de fondos públicos a firmas de seguridad irregulares, dedicadas a la vigilancia de edificios de protección oficial desocupados. Precisamente entre esos inmuebles se encuentran los 'okupados' esta semana, ubicados en tres bloques de una manzana comprendida entre las calles de Anna Frank y Manuel Fernández Márquez, en su confluencia con la rambla de la Mina

Esa coincidencia en un reducido intervalo de tiempo es uno de los argumentos que llevan a parte del vecindario a relacionar la operación policial con la irrupción masiva en los tres edificios y el "control que ejercen sobre el barrio determinados clanes mafiosos" tanto en cuanto a la distribución de drogas como respecto a la vigilancia de inmuebles. Fuentes del consorcio han rechazado esas suspicacias alegando que la vinculación con esta empresa de vigilancia "vence este julio, tal como estipula el contrato que se firmó hace justo un año".

RECELOS

Las explicaciones no colman los recelos de parte de los habitantes, que critican la situación, "especialmente viendo lo orquestado que han ido las ocupaciones, con cada inquilino sabiendo exactamente qué piso les tocaba, sin disputas ni el menor conflicto", como destaca una veterana habitante del barrio. En su opinión, "es una manera de compensar a las mafias que controlan la seguridad y que se quedan sin el dinero de la vigilancia de estos inmuebles". 

Un joven del barrio pide poner fin a "la impunidad" que se acaba volviendo contra los vecinos, y apunta a la continuidad en sus cargos de Ramos y Rosique, "pese a estar siendo investigados", y a la "indefensión de quienes pagan sus impuestos y tratan de llevar una vida normal en un entorno tan huérfano de responsabilidades por parte de los de arriba".

También hay quejas hacia los Mossos por no evitar algunas ocupaciones realizadas una vez desplegado el dispositivo de seguridad, un extremo replicado por fuentes policiales, que argumentan la imposibilidad de intervenir "sin orden judicial". 

El Consorcio reafirma "la transparencia de sus actuaciones" y alega que ya presentó denuncias ante comisaría el mismo martes, con las primeras ocupaciones, extremo confirmado por los Mossos. "La denuncia se actualiza con cada nueva ocupación de la que tenemos constancia", revelan desde la entidad. Como medida preventiva, han hecho tapiar aquellos inmuebles que aún no estaban ocupados. 

PROTESTAS

Algunos vecinos han ido a protestar ante la sede del Consorcio, en algún caso por considerarse agraviados en tanto que inquilinos del bloque Venus, al recordar que esa promoción reserva los pisos vacíos para ellos, en otros, por la frustración ante las dificultades para la convivencia que se acumulan ante la "impasibilidad" de las autoridades, como relata uno de ellos. Otros habitantes se han presentado ante los bloques ocupados, sin causar disturbios, según los Mossos. En contraposicón, las familias que han entrado de forma irregular en los inmuebles argumentan vivir una precaria situación que les empuja a 'okupar'.

Una residente de la calle de Mercè Rodoreda habla del "hartazgo" y de las constantes llamadas al 112 --"para dejar constancia, porque la Urbana no comparecerá a este lado del Besòs"-- por situaciones amparadas en la "permisividad del ayuntamiento, que mira para otro lado ante la actuación impune de unos cuantos y acaba derivando en actuaciones como la de esta semana". "No hay voluntad para revertir la fama de este barrio; cada vez hay más adeptos de escindirnos y que nos gestione Barcelona", revela.

Controversia sobre el realojo

Tras años de negociaciones, los vecinos del degradado edificio Venus y el Consorcio de la Mina dejaron en un punto muerto el realojo de estos inquilinos en otros pisos de protección oficial del barrio. El desencuentro viene porque las autoridades reclaman el pago de un alquiler de entre 75 y 225 euros (según las posibilidades familiares), o la compra por unos 34.000 euros de una vivienda de superficie similar a la de Venus. Los vecinos consideran que el traslado debe ser sin coste alguno, apelando a la precaria situación económica de la inmensa mayoría, así como al desgaste por todo el proceso que encajaron, encajan, desde hace años. 

Los inquilinos apelan también a que se respeten los planes originales del Plan de Transformación de la Mina, alumbrado en el 2000, que contemplaban el derribo del bloque y el realojo de los vecinos. Una petición avalada por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que acusó a las administraciones de "falta de voluntad", al eludir una actuación que en su día se justificó por "respeto a personas vulnerables. Ribó pidió que se valore "caso por caso" y se pacte el realojo en las condiciones que cada familia pueda afrontar. Desde el consorcio consideraron inasumible los 27 millones en los que valora el realojo a coste cero.

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