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Airbnb se compromete a retirar los pisos turísticos ilegales que se anuncian en su web

El Gobierno municipal le entregará una primera lista para que los elimine de la web y establecerá un protocolo de control

La plataforma quiere mantener los anuncios de habitaciones y de pisos compartidos por operadores domésticos

PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

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Procesión de turistas y maletas por el centro de Barcelona. / ALBERT BERTRAN

Primera tregua en el duelo que mantienen el Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma com mayor número de pisos turísticos en la ciudad, Airbnb. Tras varias sanciones millonarias, amenazas municipales y la reiteración continuada de la empresa a la hora de anunciar pisos sin licencia para viajeros (en enero se detectaron 4.100, aunque el portal afirma que eliminó 1.300 anuncios en Ciutat Vella), el gigante de las reservas ha aceptado retirar las viviendas completas ilegales de su web. El equipo de gobierno ha recibido casi con euforia la noticia, ya que el caso se había convertido en el principal escollo en la ofensiva contra la oferta ilegal de la ciudad. Cortar la difusión internacional de los pisos es mucho más efectivo y barato que un ejército de inspectores.

El primer paso se concretará en que el consistorio entregue en los próximos días un listado inicial de pisos detectados como ilegales para que Airbnb los retire, sellando así su compromiso antifraude. Además de esta primera criba, entre las dos partes desarrollarán un proyecto piloto para evaluar la eliminación de viviendas sin número RTC (Registre de Turisme de Catalunya), evitar que este se falsee, y crear un protocolo para que, según el concejal de Turismo, Agustí Colom, “ningún piso ilegal pueda progresar en la web”.

La "solución" propuesta por Airbnb plantea todavía interrogantes, ya que la empresa abre un “proceso sencillo para que el ayuntamiento pueda notificar la existencia de alojamientos ilegales”, que retirarán “rápidamente”, pero insiste en su premisa original de que el ‘home sharing’ u hogares compartidos no se vean afectados. También enfatizan que, ante casos de realquiler a turistas sin permiso, buscará un acuerdo entre las partes para resolverlo.

ANUNCIO INESPERADO

El ayuntamiento se ha visto casi sorprendido por el compromiso, en una reunión celebrada entre las dos partes a mediodía de hoy miércoles. Este canal de reservas insiste en “eliminar a los malos actores”. Una denominación con la que alude a pisos turísticos que se alquilan completos y durante todo el año sin licencia de actividad.

UN NEGOCIO DISPARADO

La pugna con el gigante Airbnb solo se entiende analizando las cifras que mueve. En el último año ha tenido más de 16.000 anfitriones activos en Barcelona, que han reservado una media de 66 noches en sus pisos, con ingresos medios de 5.500 euros. Han sumado la friolera de 1,3 millones de huéspedes, con un 44% de crecimiento. Por anunciar pisos ilegales el ayuntamiento les ha impuesto dos multas de 30.000 euros y una de 600.000, recurridas.

El quid de esta guerra radica en el alcance de la oferta eliminada. El ayuntamiento ya pactó con otros operadores la retirada de pisos ilegales que se detectaban porque no mostraban ese imprescindible número de registro de la Generalitat que acredita su legalidad. Para esos operadores la misión fue más sencilla, pero para Airbnb suponía descabalgar a muchos ‘anfitriones’ domésticos, que no alquilan un piso entero como forma sistemática de negocio, sino solo algunas habitaciones de su casa o bien toda su vivienda cuando se ausentan.

La compañía mantiene que dos tercios de sus anfitriones pertenecen a esta categoría de economía colaborativa pendiente de regulación, ya que el inminente decreto de Turisme debe ordenar la figura de las habitaciones, hoy por hoy alegales.

TEMAS EN ESTUDIO

En la propuesta de Airbnb se reclama que esa vertiente doméstica quede fuera de la purga. Una demanda que deberá estudiarse en próximas reuniones, aunque el ayuntamiento insiste en que nunca ha actuado contra las habitaciones para turistas en pisos habitados por el propio anfitrión. Más complejo será pactar sobre los pisos que se rentan por días cuando el propietario –empadronado allí- se ausenta. Para el consistorio este se convierte en un piso turístico ilegal (sin licencia), mientras que Airbnb pide que esta actividad solo temporal se regule como en otros países. En algunos casos, los municipios imponen un límite de días anuales a ese uso.

De momento, el responsable de iniciativas políticas de Airbnb, Sergio Vinay, ha asegurado que el portal retirará "rápidamente" los pisos turísticos ilegales que el ayuntamiento le notifique, protegiendo el 'home sharing' como “una herramienta para el desarrollo sostenible de Barcelona”.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Ecología, Janet Sanz, ha asegurado que "hay un punto de inflexión en la actitud de Airbnb" y una predisposición al cumplimiento de la legislación, aunque ha dicho que se deberá verificar que la plataforma cumple. El ayuntamiento quiere poder comprobarlo de forma "rápida y sencilla".

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