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Los propietarios denuncian indefensión contra los falsos inquilinos

La demanda judicial para rescindir el contrato por la vía civil puede llevar muchos meses

Carmen Jané

Propietarios de un piso alquilado por un falso inquilino que lo realquila a través de Airbnb.

Propietarios de un piso en la Barceloneta alquilado por un falso inquilino que lo realquila a través de Airbnb. / ALVARO MONGE

Los propietarios afectados por los falsos inquilinos que realquilan el piso a turistas a través de Airbnb denuncian la “indefensión” en la que se encuentran para que se reconozca la nulidad de un contrato y poder echar a quienes se lucran con su propiedad. El caso de Montse Pérez que ha optado por ocupar su propio piso y anunció su intención de quedarse allí se lo han planteado otros propietarios como Xavier, aunque finalmente decidieron no hacerlo ante el riesgo de ser denunciados a su vez.

“Para la administración, el propietario es el responsable si el piso se usa como apartamento turístico y no tiene licencia. En ese caso, hay que denunciar ante el ayuntamiento el caso con toda la documentación posible para evitar que la sanción recaiga en el dueño”, explica Joan Sacristán, presidente de la sección de Derecho Civil del Colegio de la Abogacía de Barcelona.

"La demanda para extinguir el contrato hay que hacerla por vía civil, tanto si hay impago de las cuotas del alquiler como si se ha destinado el inmueble a una finalidad diferente que la fijada en el contrato, que es la vivienda habitual. Además los contratos de alquiler suelen prohibir expresamente subarrendar la vivienda”, añade.

La tramitación de la demanda lleva su tiempo y el caso, dependiendo del juzgado, puede estar hasta tres años, si hay recursos, para resolverse, aunque esto no suele ocurrir. Frederic Gili, que denunció a este diario su caso, en el que el inquilino alquilaba habitaciones, estuvo 11 meses para desalojarlo. Durante ese tiempo no cobró ni un recibo, además de tener que pagar el abogado. Ha acabado poniendo la casa en venta.

“El propietario no puede entrar en la vivienda por la fuerza y tomar posesión de ella, cortar suministros o cambiar la cerradura. Se expone a que le acusen de coacciones”, señala Sacristán. En el caso de Pérez, el jurista estima que el juez podría acabar amparándola por la nulidad del contrato, pero que es un riesgo. En el caso de Eva (nombre supuesto), se encontró con que tiene que seguir pagando agua y luz para que no la denuncien por acosar a su inquilino.

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