Colau creará una empresa público-privada para construir vivienda de alquiler asequible

El Ayuntamiento de Barcelona creará durante el 2017 una empresa con capital municipal y privado para construir y gestionar vivienda de alquiler asequible. La sociedad contará, según el consistorio, con inversores industriales en su mayoría y algunos financieros. El nombre: Asociación de Vivienda Asequible. El reparto de tareas sería el siguiente: el ayuntamiento pondría el suelo necesario, en tanto que los inversores industriales se encargarían de la promoción y construcción de la vivienda. La ciudadanía podrá comprar bonos que la firma emitirá como otra forma de obtención de recursos.

Este es uno de los puntos relevantes del Plan para el Derecho a la Vivienda (2016-2025), presentado este viernes por la teniente de alcalde Laia Ortiz y el concejal Josep Maria Montaner, y que ha sido concebido como una herramienta clave en uno de los retos del ayuntamiento en vivienda: ampliar el parque de pisos a un precio asequible, en un contexto de ascenso de precios, sobre todo del alquiler.

El plan cuenta con una previsión presupuestaria en una década de 1.666 millones de euros aportados por el ayuntamiento, un 77% de inversión más que en el gasto medio anual del anterior plan, y contempla la participación de la Generalitat y del sector privado. El objetivo por parte del consistorio es la construcción de 8.854 pisos en este periodo.

Si a esa cantidad se le suman las viviendas que se esperan por todas la fórmulas (cooperativas, adquisición de inmuebles, cesión por parte de privados), el total de nuevas viviendas a precio asequible en Barcelona al final del plan sería de 18.445. La iniciativa tiene cuatro ejes: prevenir y atender la emergencia habitacional, garantizar el buen uso de la vivienda, ampliar el parque asequible y rehabilitar el parque actual.

BENEFICIOS LIMITADOS

El plan de vivienda del ayuntamiento está hecho a diez años vista. El gerente de Vivienda, Javier Burón, subraya que no tiene sentido que este tipo de planificaciones se hagan a cuatro o cinco años, cuadrando con los mandatos electorales. Burón dice también, en relación sobre la nueva sociedad público-privada, que no resulta descabellado pensar que en Barcelona quieran intervenir empresarios que acepten un beneficio más limitado, aunque seguro.

El coste mensual de las viviendas que construya Asociación de Vivienda Asequible será protegido, y la planificación contempla que en los casos en el que el alquiler sea social, por debajo del protegido, esa diferencia sea asumida por la administración (municipal u otra).

La previsión es que la empresa construya echando mano del crédito bancario, pero también que emita bonos que puedan comprar los ciudadanos. Según los planes del consistorio, los beneficios de la empresa serán limitados, con un tope fijado del 6%. Si se superase ese porcentaje, la cantidad restante se destinaría a reservas de la sociedad.

CONVENIOS PARA REHABILITAR VARIAS FINCAS

Para la rehabilitación, el consistorio plantea ayudas y actuaciones más globales, dentro de las que destaca el objetivo de cerrar convenios con grupos de comunidades para afrontar la remodelación de varios edificios de forma simultánea, con la optimización consecuente de recursos, y la condición de que los arreglos en el parque privado vayan ligados a un límite en el alquiler de los pisos.

Montaner ha cifrado en 20.000 los pisos a precio asequible que hay en Barcelona, entre los de propiedad municipal y los que reciben ayudas para pagar. Y ha agregado que se necesitan unos 100.000.

LOCALES COMO VIVIENDA

En el plan, el ayuntamiento anuncia cambios de planeamiento para buscar nuevas soluciones: el uso como vivienda de locales, la ocupación del dominio público para la instalación de ascensores y la autorización de remontas en edificios con edificabilidad disponible. Se procederá a identificar solares vacantes y en los que no se haya agotado la edificabilidad. En todo caso, esas adaptaciones de locales a vivienda y aprovechamiento de edificabilidad añadida se condicionarán a que los nuevos pisos sean de precio asequible, no de alquiler social pero sí protegido.

Si el plan cumple con su cometido, el consistorio calcula que cuando dentro de ocho años concluya el periodo de cesión de las cerca de 800 viviendas de entidades bancarias de las que ahora dispone el consistorio, estas ya no serán necesarios.

REGULACIÓN DEL ALQUILER

La alcaldesa Ada Colau denunció tiempo atrás la necesidad de pone coto al precio de los alquileres, en una ciudad en la que hay población que se ve obligada a irse a municipios colindantes por no poder asumir las rentas actuales. Fijar un límite a esos precios es algo para lo que el consistorio no tiene competencias, por lo tanto le toca esperar que el Estado dé un paso en ese sentido y optar por la concienciación. El plan incluye la creación de un observatorio de la vivienda que fijará un precio de alquiler recomendado que se diferenciará por barrios.

El ayuntamiento cifra las ayudas previstas para el alquiler en una inversión de 12 millones de euros entre el 2016 y el 2020 y de 10 millones entre el 2021 y el 2025.

“No es una buena noticia”, ha dicho Montaner sobre que el alquiler esté llegando a los límites máximos previos a la crisis. El concejal ha subrayado la necesidad de una regulación del alquiler. La actuación se adaptará a la situación de los diferentes distritos y barrios. “Hay que acabar con el modelo que sitúa toda la vivienda social en una zona”, ha advertido Ortiz.