El 90% de los desahucios de pisos en Barcelona son por impago del alquiler

Casi el 90% de los desahucios de viviendas y locales que se produjeron el año pasado en la ciudad de Barcelona fueron por impago de alquileres y solo el 10% por no poder hacer frente a la hipoteca, según los datos oficiales de la administración de justicia a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Además, el 85% de los lanzamientos por impago del alquiler fueron de viviendas. Esta tendencia se inició en el 2013. Fuentes jurídicas apuntan a que los desahucios hipotecarios se han reducido a la mínima expresión por diversos factores. En primer lugar señalan las últimas reformas legales que obligan a acceder a la mediación, y a continuación la presión social y que los créditos otorgados por algunas entidades financieras han pasado a manos de fondos de inversión que intentan llegar a acuerdos con el deudor. 

La abogada Verónica Dávalos, de la comisión de normativa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, reconoce que los desahucios por impago del alquiler tienen un procedimiento más fácil que los hipotecarios, ya que solo debe acreditarse que no se ha hecho frente a la cuota. "No hay capacidad de defensa", destaca Dávalos. "Sería necesaria también en estos casos la mediación", sentencia.

El año pasado, hasta el mes de septiembre, hubo 2.926 desalojos por alquileres, 2.489 de ellos sobre viviendas. Y un dato significativo: en el 11,4% de los casos intervinieron los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, lo que supuso un incremento del 44,1% respecto al 2014. Los desahucios de pisos y locales por impago del alquiler fueron el 90% del total en el 2014 y el 89% en el 2013.  

LA SENTENCIA EUROPEA

Dávalos asegura que en el 2013 se produjo una inflexión.”Hay un antes y un después”, sostiene la letrada. En marzo de ese año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, dio un doble varapalo a la normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahuciosTribunal de Justicia de la Unión Europea, . 

Una sentencia estableció, por una parte, que algunos aspectos de la ley española  no eran compatibles con la directiva europea de protección de los consumidores que se aprobó hace ya 20 años, en 1993. A raíz de esta resolución, los jueces pueden examinar si hay cláusulas abusivas en un contrato hipotecario y pueden suspender cautelarmente el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el tribunal fijaba una serie de principios sobre cómo debían interpretar los jueces españoles que una cláusula es abusiva.

Esta resolución y las movilizaciones impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) forzaron al Gobierno a poner en marcha medidas legislativas y a dictar una moratoria en la ejecución de desahucios en supuestos de "especial vulnerabilidad". "Se produjo un tsunami legislativo", resume Dávalos.

"Antes era fácil ejecutar un desahucio, pero las reformas lo han puesto más díficil y complicado", destaca. Además, el código de consumo de Catalunya incorporó la obligación de acudir a la mediación hipotecaria antes de presentar la demanda, mientras que el código de buenas prácticas ha permitido la dación en pago y la restructuración de la deuda. Por eso, en su opinión, han disminuido los desahucios por hipotecas. Dávalos explica que en el 2015 se aprobó en Catalunya la ley de la vivienda y la pobreza energética. "Los bancos deben ofrecer a los deudores la posibilidad de un alquiler social y hay juzgados que están aplicando esta normativa", asegura.

REGULAR EL SOBREENDEUDAMIENTO

El abogado Isidoro García afirma que cuando estalló la burbuja inmobiliaria, las personas que no pudieron pagar la hipoteca se tuvieron que ir de alquiler, pero endeudadas. Y ahora, a su entender, muchos de estos ciudadanos, a causa de la crisis económica, tampoco pueden pagar el alquiler, entre otras cosas porque tienen que seguir pagando la deuda. Para este letrado, es necesaria una ley que regule el sobreendeudamiento. “Hace falta una solución integral que contemple la situación económica del afectado”, destaca. “La segunda oportunidad que se le da a la gente es muy restrictiva”, insiste.

Jesús Sánchez, también miembro de la comisión de normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, sostiene que la intervención por parte del Estado de algunas entidades bancarias provocó que los activos derivados de los préstamos hipotecarios fueran vendidos a fondos de inversión y que estas entidades estén buscando fórmulas de negociación con los acreedores. Su prioridad es evitar llegar al desahucio. El letrado destaca también el “resurgir del mercado de alquiler” en los últimos meses y, por lo tanto, el aumento de los impagos.