Colau plantea eliminar las multas a las prostitutas

El gobierno de Ada Colau se plantea eliminar las multas a las prostitutas. Estas sanciones económicas, que emanan de la ordenanza de civismo, se replantearían, ha admitido la concejala de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez. Estas consideraciones se desprenden de la aprobación de una proposición de Ciutadans en el seno de la comisión de este martes que también ha sido apoyada por Barcelona en Comú, ERC y la CUP.

El texto de la declaración del grupo que lidera Carina Mejías habla de "garantizar un marco normativo municipal" aunque la edil ha admitido desde el primer momento que la "legalización" de la prostitución no está en manos de la administración local. Pérez ha añadido igualmente que sus cambios solo abarcan el ejercicio de este trabajo de forma voluntaria y que la ordenanza impulsada por CiU y PP "solo ha logrado cobrar el 10% de las multas que se han impuesto", lo que revela que se ha tratado de una regulación estéril.

EXISTENCIA DE MEUBLÉS

La responsable municipal ha añadido también que no solo quieren realizar cambios en una ordenanza de civismo que no comparten sino que también aspiran a hacer cambios por ejemplo en el plan de usos de Ciutat Vella, donde está prohibido que se instalen meublés.

Según su punto de vista, estas instalaciones permitirían que estas mujeres pudieran ejercer en buenas condiciones higiénicas esta práctica. "Ahora hay pisos ilegales y no sabemos qué está pasando", se ha quejado la concejala, que ha negado que todas estas decisiones ahora en estudio comporten una laxitud a la hora de afrontatr el problema.

PROGRAMAS DE INSERCIÓN

"Queremos diferenciar entre quienes ejercen la prostitución voluntariamente y las que no. En el segundo caso estamos mirando a los ojos a las mafias para decirles que no", ha mantenido Pérez.

Estas disquisiciones han salido a debate a raíz de la propuesta de Ciutadans. La encargada de defenderla ha sido la edil Marilén Barceló, que aunque ha admitido que un porcentaje elevado de prostitutas se dedica de forma forzada por mafias y proxenetas, ha reclamado que se aumenten las ayudas y programas de inserción para estas mujeres.

"NO ES LA MANERA"

CiU, PSC y PP han discrepado abiertamente. La representante de Convergència, Francina Vila, ha criticado que estos planteamientos son sinónimo de "permisividad" a la hora de luchar contra las mafias. "Estamos lanzando un mensaje al mundo asegurando que en Barcelona se permite la explotación sexual, algo que nosotros no queremos", ha subrayado.

Vila ha insistido en que de esta forma se perpetúa una situación de vulnerabilidad de las mujeres y ha afirmado que la legalización no resuelve el problema, tal como se ha demostrado en otros países europeos. La concejala Carmen Andrés (PSC) ha hablado de "tolerancia cero" porque, se ha quejado, "no se trata de ningún trabajo sino de tráfico de mujeres por parte de una red de hombres que se lucran y hacen un negocio indecente", ha descrito.

EL PAPEL DE LA URBANA

Andrés ha revelado que el 95% de las mujeres que ejercen la prostitución en la ciudad son inmigrantes y están explotadas, con lo que la oferta socialista es que se impulsen políticas de igualdad y ocupación. Desde el PP, Ángeles Esteller, ha pedido que se combata la prostitución callejera porque "degrada a las personas y también los barrios en los que se practica". También ha pedido que se aplique la ordenanza existente y que actúe la policía.

Precisamente en el extremo opuesto, la concejala María Rovira (CUP) ha lamentado que la Guardia Urbana "intimida y reprime" a estas mujeres.