BCN refuerza el apoyo a refugiados y organiza la solidaridad ciudadana

Barcelona conoce bien cuáles son los límites del poder municipal. Alguien podría pensar que el gobierno de Ada Colau peca de naíf al plantear una red de ciudades refugio para atender la mayor demanda de asilo en Europa desde la segunda guerra mundial. Máxime porque la potestad de acoger a una persona perseguida en su hogar corresponde a la delegación del Gobierno. ¿Qué puede hacer entonces un humilde consistorio? Impulsar la solidaridad ciudadana y muscular aquello en lo que sí tiene un papel importante: la primera atención sanitaria y social. Ahí es donde la capital catalana pondrá más madera, con el objetivo último de empujar al resto de administraciones a replantear su política migratoria.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, fue el encargado ayer de desgranar el plan tras escuchar las demandas de las entidades sociales que trabajan con los refugiados, en una reunión de casi dos horas convocada a petición del equipo municipal, en la que también estuvo presente la alcaldesa. Una hoja de ruta que presenta muchas dudas, pese a que puede que ahí, en todos esos interrogantes, se esconda el objetivo último de la empresa, pues poco avanzará la capital catalana si el Estado no acompaña.

El ayuntamiento impulsará un registro de familias de la ciudad que ya se han mostrado dispuestas a acoger a refugiados en sus casas y ha dado órdenes para doblar el presupuesto -de 100.000 a 200.000 euros- del Servicio de Atención al Inmigrante, Emigrante y Refugiado (SAIER), una oficina que funciona como primer salvavidas de cuantas personas llegan a Barcelona en busca de un porvenir. Este servicio atendió en el 2014 a 426 personas, y solo en el primer semestre del 2015 ya eran 527 los atendidos. Este centro, sin embargo, no tramita el asilo, pero sí orienta a los postulantes. El problema es que al salir del SAIER -que Pisarello pidió reforzar con servicios jurídicos-, por muy ágil que pueda ser el trato, se encuentran con una delegación del Gobierno colapsada que puede tardar más de dos años en deliberar su petición.

Cuestión de derecho

Así las cosas, el primer teniente de alcalde, que invitó a no confundir la obligación de los mandatarios de hacer respetar los derechos humanos con la "caridad", reclamó al Ejecutivo de Mariano Rajoy que incremente la cuota de refugiados que puede acoger España y que descentralice los fondos que la Unión Europea otorga a los estados miembros para sus políticas migratorias. "Se destina mucho dinero a fortalecer agencias como el Frontex -encargada de gestionar las fronteras- o a políticas represivas en Ceuta y Melilla. Pedimos que estos recursos vayan directamente a las ciudades y a garantizar la acogida de las personas refugiadas", resumió el primer teniente de alcalde de la capital catalana, quien pidió también una auditoría para conocer exactamente el destino de esos fondos y reivindicó la importancia de generar una red de ciudades españolas y europeas para poner las ideas planteadas en común. "Estamos en contacto con ayuntamientos interesados en sumarse, como Madrid, Valencia, Sabadell y Sant Feliu, así como con la Generalitat", detalló.

(Otra) pelota a Madrid

De hecho, si Madrid no mueve ficha, la idea de que familias bienintencionadas acojan a refugiados tiene un recorrido muy corto, ya que el Estado paga la manutención del solicitante durante seis meses, pero siempre en albergues que controla a través de las comunidades autónomas. Destinar esa partida a familias es algo que hasta la fecha no se ha contemplado. Y tampoco Pisarello entró en el detalle sobre cómo podría llevarse a cabo. "Se trata de una primera reunión", apuntó el concejal, quien puso mucho énfasis en que no se trata de una situación coyuntural: "Es un fenómeno que ha venido para quedarse. Hemos de generar estructuras sólidas a medio y largo plazo".

Incremento

En la misma línea se expresó tras el encuentro con los responsables locales Pascale Coissard, portavoz de la red Asil.Cat, que agrupa a entidades que defienden el derecho de asilo en Catalunya, quien subrayó que la llegada de personas refugiadas a la Unión Europea no es fenómeno nuevo, y que "el incremento es una constante que se da desde el 2013". "Desde Asil.cat llevamos años intentando hacer visible la precariedad en la que se encuentran los refugiados que ya viven en nuestro territorio. Los recursos que se destinan actualmente son insuficientes para un proceso de inclusión que tenga garantías de éxito", detalló Coissard.