El realquiler de pisos a turistas agrava el conflicto en la Barceloneta

El asunto se plantea como un círculo vicioso. A los vecinos de la Barceloneta -al límite tras los excesos del verano pasado- les importa poco quién es el culpable, quieren que el ayuntamiento actúe con rapidez ante las muchas denuncias de pisos turísticos ilegales. El año pasado calcularon alrededor de 1.000 pisos destinados al disfrute del veraneante, solo 70 con licencia en regla. Los vecinos denuncian la situación al distrito, y este a su vez notifica la orden de cese de actividad al propietario.

El problema -uno de ellos- llega cuando no es el propietario el que está haciendo uso indebido de su vivienda, sino un tercero al que este ha alquilado la propiedad supuestamente como vivienda habitual. Los vecinos afectados lo denuncian al ayuntamiento, este requiere al propietario y este último persigue al inquilino vivales, quien hace oídos sordos. Entonces los vecinos vuelven a quejarse al ayuntamiento, el cual vuelve a requerir el cese -acompañado de una advertencia de multa mayor a la primera- al propietario, y el propietario desespera al sentirse impotente porque pese a requerir por burofax al inquilino (que en realidad no es tal, ya que a lo que se dedica es a realquilar la vivienda a turistas) que debe devolver las llaves por haber incumplido el contrato, este se niega y sigue sacando provecho económico de la vivienda y provocando molestias a vecindario, al ayuntamiento que recibe las denuncias de este y otra vez al propietario.

«Los realquileres se han dado siempre. Conocemos muchos casos no de ahora, de hace tiempo. La diferencia es que ahora el distrito se ha puesto más serio tras la presión de los vecinos», apunta Oriol Casabella, portavoz de la asociación de vecinos de la Barceloneta, quien considera imprescindible que se establezca un mecanismo más eficaz para poder clausurar los pisos ilegales. «Confiamos en que el nuevo consistorio tome cartas en el asunto en breve», prosigue el líder vecinal.

RECUPERAR EL TEJIDO VECINAL

En la misma línea, en la necesidad de hacer más ágil el cierre de los pisos denunciados, se pronuncian tanto Lourdes López, de la asociación L'Òstia, como Sergio Arnás, de la plataforma por la abolición de los pisos turísticos. «La apertura de la oficina de denuncias fue una de las victorias de la lucha iniciada el año pasado, pero ¿de qué sirve denunciar si no pasa nada?», se pregunta Arnás, quien insiste que la solución pasa por devolver a esos apartamentos su uso de vivienda habitual -a poder ser en alquiler social-, para poner freno al proceso de gentrificación e intentar recuperar el dañado tejido vecinal tras tantos años de presión turística e inmobiliaria.

Fuentes municipales aseguran que, en situaciones en las que el propietario demuestra que no tiene nada que ver con la actividad ilegal y que está haciendo «todo lo posible» para acabar con esta, las acciones sancionadores se derivan hacia el inquilino. «Pero hay que estudiar bien la documentación, porque la alegación principal cada vez que se denuncia un piso turístico es que el propietario no es el responsable», prosiguen las mismas fuentes.

Y es que los que hacen negocio con los pisos turísticos ilegales se saben todos los trucos. Es muy común, señala Casabella, que cuelguen en sus balcones las famosas banderas de la Barceloneta que se popularizaron en las fachadas tras las movilizaciones del pasado verano «para hacerse pasar por pisos de vecinos», concluye el joven, quien advierte de que siguen muy alerta para evitar que este verano se repitan las escenas vividas el pasado.