La cara B del cajón de Sants

Todas las asociaciones de vecinos que conforman la comisión de seguimiento de las larguísimas obras del cajón sobre las vías del tren en Sants coinciden en subrayar que se trata de un «problema social, no urbanístico». Los edificios se deterioran al saber sus propietarios que tienen los días contados, y las familias que allí viven no saben aún qué será de ellas. Mientras el lado montaña del mastodóntico cajón, la calle de Antoni Capmany, ha renacido al fin convertida en un paseo, el lado mar sigue a la espera. «Exigimos al ayuntamiento un estudio para conocer cuántas familias viven allí, en qué condiciones y qué derechos tienen. Ese es un primer paso indispensable, hay mucha gente viviendo allí sin saber qué será de ellos», resume Alfredo Martínez, presidente de la asociación de vecinos de Badal, Brasil y la Bordeta, una de las que conforman la comisión de seguimiento.

Entre la calle de Burgos y la Riera de Tena, frente a la estación de metro de Mercat Nou, aguardan decenas de viviendas viejas y deterioradas, cuyos inquilinos viven con incertidumbre desde el año 2003, cuando la llegada del AVE a Barcelona modificó el PGM y declaró sus casas futura zona verde. En realidad, donde ahora se levantan sus hogares es donde desemboca uno de los taludes que unirá las dos partes del cajón, una de las grandes reivindicaciones vecinales. «Lo que queremos es que se agilice el proceso, que no nos tengan así», asegura una de las afectadas.

Para José Ignacio Castaño, arquitecto de la asociación de vecinos, la prioridad es que los vecinos afectados sufran lo menos posible. «El procedimiento puede alargarse 80 meses y hay muchas personas mayores que no pueden esperar tanto en las condiciones en las que viven», apunta Castaño, quien no ve con malos ojos la opción puesta en las últimas semanas sobre la mesa que sugiere que, para agilizar los trámites y que los realojados no tengan que esperar a que se inicie la construcción de los pisos previstos en el mismo lado mar del cajón, se les realoje como plan B en las viviendas que acaban de empezar a construirse en Can Batlló, también en el barrio. «Siempre y cuando los pisos de protección oficial previstos en esta pastilla se hagan igualmente», prosigue Castaño.

Josep Maria Domingo, presidente del Centro Social de Sants, otra de las entidades de la comisión de seguimiento, apunta también la importancia de conocer dónde pondrán el corte a la hora de decidir quién tiene derecho a realojo y quién no. Fuentes municipales aseguran conocer el número de familias pendientes de expropiación, 45, y estar estudiando las distintas posibilidades de realojo «con el objetivo de acelerar el proceso». «Todas las opciones se consensuarán con las familias», insiste el municipio, que añade que no puede concretar un calendario porque «dependerá de la opción elegida».

En el lado mar del cajón hay también pendiente la conversión de la antigua subestación eléctrica del metro -edificio catalogado- en un equipamiento y varias zonas verdes, como la prevista sobre una parte del edificio de Can Vies.