Los vecinos que alquilan habitaciones se ofrecen a recaudar la tasa turística

El sector turístico evoluciona mucho más rápido que los reflejos de las administraciones que lo regulan. Y en Barcelona se hace evidente a marchas forzadas. Si primero fue el alud de pisos turísticos lo que llevó al ayuntamiento a poner candado a nuevas licencias (tras sumar 9.606), ahora son quienes alquilan habitaciones dentro de sus propios hogares los que batallan para que la ley les dé cobertura, ofreciéndose formalmente a recaudar la tasa turística que revierta en la ciudad. Unas voces cada vez con más peso, ya que aunque esta actividad (arrendamiento solo parcial y temporal del piso) es ilegal en el marco del decreto del Govern sobre alojamiento de finales del 2012, no deja de crecer por la crisis y como alternativa ante la imposibilidad de abrir nuevos pisos turísticos completos y la hostilidad que estos últimos generan en muchas fincas.

Los últimos datos del gigante Airbnb de reservas de alojamiento en domicilios muestran que la mayoría de sus 15.200 ofertas registradas son de particulares que solo cuentan con un piso turístico (no son empresas inversoras) o habitaciones en su propia casa. Un perfil no profesional, donde confluyen distintas coyunturas. Pero quien convive con el turista en su propia casa lo hace sobre todo por necesidad, para llegar a fin de mes o salvar la hipoteca, a riesgo de ser sancionado. Una situación que solo podría revertirse si hay algún cambio en la actual ley, ya que la Direcció General de Turisme es consciente de la evolución del sector y está estudiando ajustes.

En la audiencia

La audiencia pública del próximo día 24 sobre el modelo turístico de Barcelona alineará también a este creciente grupo de vecinos de la ciudad que reivindican su derecho a sacar partido también del sector y, sobre todo, llegar a fin de mes en época de vacas flacas. No hay una voz unitaria entre ellos sobre si deberían legalizarse formalmente. Unos defienden hacerlo, para dejar de trabajar en la sombra y con el riesgo de ser multados por anunciarse, como sucedió con la propia plataforma donde se publicitan. La primera sanción de 30.000 euros fue abonada y recurrida y le siguieron otras dos coercitivas (por mantener la actividad) y un expediente abierto por no publicitar el número de registro de los pisos legalmente autorizados, dicen en Turisme.

Pero otros defienden el derecho a esta actividad complementaria en sus domicilios sin necesidad de un permiso, al distinguirla de los pisos turísticos, donde no se da la convivencia entre viajeros y anfitriones. Anfitriones en Acción nació precisamente para defender al colectivo, y llegó a atrincherar a casi un millar de barceloneses con habitaciones alquiladas en su domicilio. Ahora se han constituido como asociación Anfitriones en Barcelona, para tener personalidad jurídica y ser una entidad con peso en el debate turístico.

Donde sí manifiestan unanimidad es en su plena disposición para recaudar la tasa turística, como hacen los hoteles y otros establecimientos. "Ahora no podemos hacerlo aunque queramos", se quejan. E insisten en que, aunque la economía sumergida es una realidad en esta actividad, son muchos los anfitriones que declaran fiscalmente estos ingresos, que las propias plataformas de contacto les contabilizan y comunican al acabar el año. En otros países, Airbnb ya la recauda durante la gestión de reserva. En Catalunya se avendrían a hacerlo si así se pactara con la Administración.

Pisos enteros

En esta cruzada por el nuevo alojamiento urbano, la otra gran pugna la dibuja el futuro de los pisos turísticos. La Barceloneta sigue haciendo campaña "no contra el turismo, sino contra los pisos turísticos", por los problemas de convivencia que generan en su saturado barrio. Y ya han acentuado la vigilancia para evitar otra burbuja de pisos al llegar el buen tiempo.

En cambio, la Plataforma Pro Viviendas Turísticas pide la palabra en el debate para defender este alojamiento alternativo, y contra su limitación municipal mientras la veda hotelera sigue abierta, aducen. Preparan más carteles y acciones para reivindicar su actividad, y mantienen que regulada, repartida y controlada (no por macro gestoras que llenan los pisos sin escrúpulos) no genera problemas vecinales.