La fiscalía rechaza revisar las condenas del 'caso Ciutat morta'

La Fiscalía de Barcelona no actuará de oficio para revisar la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a nueve jóvenes por los graves altercados del 4 de febrero del 2006 en la calle de Sant Pere Més Baix (Ciutat Vella), en los que un guardia urbano quedó tetrapléjico. De esta manera rechaza como nueva prueba jurídica el documental 'Ciutat morta' que denuncia que la investigación policial y la instrucción judicial que precedieron a las sentencias condenatorias de la Audiencia de Barcelona y del Supremo fueron un montaje. El Ayuntamiento de Barcelona presentó ayer en la fiscalía una copia de la película para que actúe si considera que la cinta aporta nuevas pruebas.

Fuentes de la fiscalía aseguraron a este diario que, por ahora, no iniciará ninguna actuación para revisar la sentencia (reabrir el proceso judicial no es posible porque hay sentencia firme), ya que un documental no puede considerarse una prueba jurídica. El ministerio público solo podría estudiar el asunto si llegara a sus manos, según las mismas fuentes, "cualquier prueba en sentido jurídico" que permitiera desestimar la participación en los hechos de las personas a las que se refiere el documental o la implicación de un tercero. La Fiscalía de Barcelona, sin embargo, tampoco tendría la última palabra, pues debería ser la del Supremo, que en su día aumentó las penas impuestas por la Audiencia de Barcelona, la que decidiera pedir la revisión.

En enero del 2008, la Audiencia de Barcelona condenó a cuatro años y medio de prisión al joven Rodrigo Andrés Lanza (un año después el Tribunal Supremo le subió la pena a cinco años) por dejar en coma (cuando salió de él, quedó tetrapléjico) a un guardia urbano de una pedrada el 4 de febrero del 2006, cuando los agentes intentaban controlar una fiesta ilegal y multitudinaria que un grupo okupa celebraba en el número 55 de la calle de Sant Pere Més Baix. A otros dos imputados, Juan Daniel Pintos y Álex Cisternas, les cayeron tres años y tres meses, al estimar que eran coautores de un delito de atentado. A otros dos jóvenes, Alfredo Pestana y Patricia Heras (quien tras salir de la cárcel de permiso se suicidó), se les impuso la misma pena por lanzar una valla a otro agente, herido en el tobillo. Otros cuatro fueron condenados a un año de prisión.

La pista perdida

Fuentes de la defensa de los condenados reconocieron ayer la dificultad para reabrir el caso, ya que para ello se necesitaría aportar "nuevas pruebas" concluyentes. En este sentido, apuntaron que en el 2011, dos años después de que el Supremo dictara su sentencia y tras el suicidio de Patricia, una persona escribió al colectivo de abogados asegurando que tenía información "muy importante" sobre lo ocurrido el 4 de febrero del 2006 en la calle de Sant Pere Més Baix. El comunicante explicó a los abogados que un conocido suyo le había confesado que fue él quien, desde lo alto del local okupa donde se celebraba la fiesta, lanzó la maceta que hirió gravemente al guardia urbano. De hecho, la hipótesis de la maceta fue la primera que difundió el entonces alcalde de Barcelona, el socialista Joan Clos. Pero la Audiencia de Barcelona descartó la hipótesis de la maceta por "carecer de fundamento", y estableció que la lesión fue causada por una piedra lanzada desde la misma calle.

Los abogados contactaron con la persona que había comunicado con ellos y que decía sentirse culpable por estar "encubriendo" al presunto responsable de una tragedia, que con su silencio habría condenado a la cárcel a unos jóvenes inocentes. Pero el hombre nunca les quiso facilitar la identidad de su amigo, aunque sí aportó datos para que los abogados dieran con el sospechoso. Entre ellos, que se dedicaba a la recogida de chatarra. A partir de ahí, comenzó una búsqueda por varias ciudades, sin éxito.

El alcalde de Barcelona, el nacionalista Xavier Trias, aseguró ayer que el ayuntamiento dará "todas las facilidades" para contribuir a aclarar el caso porque la mejor defensa para la Guardia Urbana es la transparencia. El primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Joaquim Forn, también alegó que no había inconveniente en reabrir cualquier tema "si hay nuevos indicios".

El exalcalde socialista y edil de Seguridad en el 2006, Jordi Hereu, mostró su "convicción" de que actuó con "corrección" y avaló que se reabra el caso "si hay nuevos datos relevantes". Y el 'conseller' de Justícia, Germà Gordò, nacionalista, subrayó que solo se puede reabrir un asunto si se aportan pruebas de que no ha habido "elementos no suficientemente correctos" en el proceso.