Societat Civil Catalana (SCC) y la asociación Abogados Catalanes por la Constitución han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el 'expresident' de la Generalitat Artur Mas y los 'exconsellers' Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para que "devuelvan" los cinco millones de euros que se dedicaron a la consulta del 9-N.
"El archivo de la causa penal seguida contra ellos por el delito de malversación de caudales públicos no les exime de que no deban responder por su responsabilidad contable y presupuestaria, al haber dispuesto de fondos públicos para llevar a cabo un proceso de 'participación ciudadana' carente de cualquier cobertura constitucional, legal y presupuestaria", denuncia SCC en un comunicado.
Según esta plataforma contraria a la independencia, Mas y los 'exconsellers' "ordenaron, dirigieron y facilitaron la logística y medios materiales para la consulta ilegal disponiendo indebidamente de fondos públicos para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas".
En la denuncia no se descarta que pueda extenderse la responsabilidad contable a los altos funcionarios que se acredite que colaboraron en la tramitación de los expedientes administrativos generadores del gasto de la consulta.
Con esta demanda, SCC busca "no solo restaurar económicamente a la Generalitat por el quebranto producido por los fondos dispuestos indebidamente, sino que, además, se establecerá un precedente que evite la repetición de la posible malversación de fondos públicos en un nuevo referéndum ilegal".