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TRAMA DE SOBORNOS

El terremoto político del 'caso Odebrecht' recorre Sudamérica

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, última víctima del escándalo de corrupción internacional en torno a la constructora brasileña

Manifestación contra la corrupción en Santo Domingo. / EFE / ORLANDO BARRIA

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, terminó este miércoles de sellar la suerte de su vicepresidente Jorge Glas. Condenado a seis años de cárcel por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, Glas había estado 90 días “ausentado temporalmente” de un cargo al que no regresará. Moreno quiere utilizar el escándalo Odebrecht para profundizar su sórdida pelea con el exmandatario Rafael Correa. Pero lo que ha ocurrido con Glas en Ecuador estuvo a punto de suceder en Perú con el jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, y puede repetirse en cualquiera de los países de la región donde la empresa jugaba fuerte esas cartas que, al quedar a la vista, la convirtieron en mala palabra.

El crecimiento exponencial de Odebrecht dentro de Brasil y en toda Sudamérica entre el 2008 y el 2015 fue acompañado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Dilma Rousseff como parte de una estrategia de expansión del capital brasileño que llegó incluso a África, Oriente Próximo, Europa y EEUU. Odebrecht pasó a representar lo mismo que Samsung en Corea del Sur. Carreteras, electricidad, plástico, gas, petróleo, centrales nucleares, agua, agroindustria, sector inmobiliario, defensa, transporte, finanzas, seguros, servicios ambientales, presas, petroquímica.

Osadía en Cuba

El poder de la multinacional llegó tan lejos que se instaló en Cuba desoyendo a la Casa Blanca. Odebrecht no solo se metió en el negocio del azúcar (del que acaba de salir). Algo más importante: los Castro le encargaron la reforma del puerto de Mariel. Cuando todavía nada se sabía del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, un brasileño se quedaba en los hechos con la cabecera estratégica. Según relataría un miembro de la familia Odebrecht, lo del puerto de Mariel fue un pedido de Hugo Chávez a Lula. A la inteligencia norteamericana no se le pasó por alto semejante osadía.

Desde el 2014, Brasil entró en un pozo de sombras por los casos de corrupción en los que la petrolera estatal Petrobras y su socia Odebrecht comenzaron a ser nombradas como figuras intercambiables. Cayó la presidenta Rousseff, y su sucesor interino, Michel Temer, es un equilibrista que camina sobre un hilo muy delgado. Si a principios del siglo XXI el Brasil liderado por Luis Inacio 'Lula' da Silva aspiraba a dotar a la región de una autonomía relativa frente a las potencias en medio del caos global, 15 años más tarde solo quedó de esos deseos el nombre de una trama oscura.

'El príncipe'

Marcelo Odebrecht, conocido como 'el Príncipe', de 49 años, nieto del fundador y tercera generación al frente de una multinacional con presencia en 25 países, se presentó ante los fiscales brasileños encargados de arrojar luz sobre los negocios alrededor de la petrolera estatal. Lo acusaban de haber repartido sobornos a granel dentro y fuera de Brasil para garantizar el crecimiento del Grupo: con recursos de la famosa “caja Dos” se compraron las voluntades de funcionarios de 12 países, según el Departamento de Justicia de EEUU. En principio, 'el Príncipe' se negó a colaborar con la fiscalía.

La debacle del grupo lo obligó a volver sobre sus pasos.  Habló entonces sin remordimientos sobre cómo se inflaban los valores en los contratos y se repartían las diferencias entre ejecutivos de la petrolera, empresarios del grupo y políticos –desde candidatos presidenciales a legisladores o figuras de peso– que velaban por esos favores. No perdió la oportunidad de la autoindulgencia y dijo que sus obras –carreteras, presas, energía- se hacían de maravilla. También contó a dónde iba el dinero pactado: Suiza, Andorra u otro paraíso fiscal. Otros 77 gerentes del grupo aportaron mucha más información para reducir sus condenas.

A Marcelo lo sentenciaron por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita. Pero conocía de antemano los beneficios de lo que llaman la “delación premiada”: estuvo en la cárcel solo dos años y medio, alojado en una celda de 12 metros cuadrados. Hace pocas semanas se mudó a una mansión de 3.000 metros en Sao Paulo. El Príncipe cumplirá el resto de su condena a 10 años en medio de un paraíso privado.

Las repercusiones

Mientras, sus revelaciones tienen el efecto de las réplicas que siguen a un terremoto: en Brasil no ha quedado figura fuera de su madeja, el chavismo y sus opositores recibieron dineros y dádivas y se acusan mutuamente, y el presidente peruano Kuczynski estuvo a punto de ser destituido por “incapacidad moral” al no haber blanqueado sus vínculos con la constructora. Pero sus acusadores, los fujimoristas, también tienen sus lazos secretos con Odebrecht. El exmandatario Ollanta Humala se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y el primer presidente de la era posdictatorial, Alejandro Toledo, prófugo.

En Colombia, el odio entre el expresidente Álvaro Uribe y su sucesor, Juan Manuel Santos, encuentra un punto en común: los dólares recibidos en algún momento por parte de la multinacional brasileña para alguna campaña proselitista. La justicia argentina sabe que hay mucho que explorar sobre Odebrecht. Pero, como advirtió el periodista Horacio Verbitsky, algunas investigaciones como la del soterramiento de un ferrocarril estratégico se detienen en un punto tan ciego como peligroso: el de los vínculos del potentado brasileño con la familia del presidente Mauricio Macri.

La conexión andorrana

Un enorme flujo de dinero de la corrupción de la trama Odebrecht intentó escapar a los controles públicos y la mirada de los investigadores periodísticos a través de cuentas secretas. El Meinl Bank de Antigua y Barbuda fue una de las entidades que abrieron sus cajas fuertes. Otra, la Banca Privada d’Andorra (BPA). La policía del principado había investigado quiénes eran los beneficiarios de comisiones ilegales pagadas por la multinacional brasileña. Las documentaciones que salieron a luz dan cuenta de una serie de políticos, altos cargos de Gobierno, funcionarios, abogados y testaferros de Brasil –el eje del escándalo–, Perú, Panamá, Chile, Ecuador, Uruguay, Colombia y Argentina. Solamente en Andorra se guardaron casi 200 millones de euros.

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