El Govern dedicó ayer dos horas a discutir qué hacer con la sequía, o más concretamente, qué hacer con las actuales restricciones y con el polémico trasvase del Ebro, teniendo en cuenta el nuevo escenario dibujado por las últimas lluvias. Aunque se mantienen las restricciones, el Ejecutivo catalán se ha visto obligado a modificar su posición después de que el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, anunciase que el Ministerio de Medio Ambiente decidirá "en dos días" si renuncia a la construcción de la tubería que debería abastecer a Barcelona con agua del Ebro. Las declaraciones de Alonso sumadas a la presión de las comarcas del Ebro y a las posiciones divergentes en el propio tripartito han obligado al Govern a repensarse el minitrasvase.
Tanto la Administración central como la catalana tienen claro que hay que mover ficha. De entrada, fuentes del Govern dieron por hecho que, de proseguir las lluvias (al ritmo actual, los embalses estarán al 50% en dos días), la semana que viene se levantarán las restricciones. Más complicado será decidir qué se hace con la tubería, cuyas obras ya han sido adjudicadas. Si hace solo dos días fuentes socialistas insistían en que el minitrasvase se haría independientemente del nivel de los embalses, ayer nadie lo daba por seguro. Incluso en el PSC no se descarta la posibilidad de construirlo aunque, al final, no llegue a utilizarse.
LA PRESIÓN DE ARAGÓN
De hecho, hasta hace una semana, también el Gobierno central consideraba que el trasvase de agua del Ebro a Barcelona no tenía marcha atrás. Pero el Ejecutivo ha cambiado de opinión, en parte influido por la presión de Aragón, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, dejó claro ayer que no piensa dar ni un paso atrás. "Aunque no cayese una gota de agua más hasta dentro de nueve meses, Barcelona tendría agua suficiente", proclamó.
De ahí que el portavoz parlamentario del PSOE anunciase que en "dos días" como máximo se ultimará un informe que permitirá tomar una decisión. "Si la falta de agua persistiera, se seguiría haciendo lo que el decreto establece, pero si desaparece la causa, las previsiones de la norma carecerán de sentido", avisó. Alonso incidió en que el Gobierno lo único que hará es aplicar el decreto, que prevé, precisamente, construir la tubería solo si se produce una situación de excepcionalidad.
EL DESCONCIERTO
No todos los ministros conocían la decisión del Gobierno o no la explicitaron. La prueba es que casi de forma simultánea a las palabras de Alonso, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguraba que el Ejecutivo mantenía sus planes, al margen del recurso presentado por Aragón.
Mientras, en la reunión del Govern se evidenció el desconcierto que existe en las filas del tripartito. El president, José Montilla, recordó que, de momento, persiste la emergencia y que por eso se mantienen las medidas excepcionales. Otra cosa es que la semana que viene se decida modificar el decreto que fija estas medidas. ERC por boca del vicepresidente, Josep-Lluís Carod, reclamó que la Generalitat se adapte "a la nueva realidad" y que se eliminen las actuales restricciones. Mientras, Iniciativa evidenció que sigue sumida en su propia confusión. Y es que el conseller de Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, se sumó a la petición de Carod para que el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, explicase cuál es el porcentaje mínimo que se necesita en los embalses para superar la excepcionalidad. Pero Baltasar, a pesar de la insistencia de sus compañeros de gabinete, se negó a fijar el umbral que le reclamaban. Tanto Carod como Saura e incluso un conseller socialista, el titular de Agricultura, Joaquim Llena, cuestionaron el minitrasvase.
La ofensiva de ERC no se limitó a la reunión del Govern. Su portavoz en el Congreso, Joan Ridao, pidió públicamente que se derogue el decreto porque "ya no se dan en este momento las razones de necesidad que llevaron a su aprobación". Los republicanos andan pendientes de su congreso y los militantes y cargos públicos del partido en las comarcas del Ebro están en pie de guerra contra el trasvase.
Por su parte, el ecosocialista Joan Herrera intentó explicar el cambio de postura de ICV asegurando que ya no apoyan el minitrasvase porque con las lluvias "han cambiado las condiciones". En eso coinciden todos.
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