La futura tubería de 60 kilómetros que llevará el agua del minitrasvase del Ebro a Tarragona hasta la red metropolitana de Barcelona la adjudicará el Ministerio de Medio Ambiente con cargo a 180 millones de los fondos del Estatut, pero después la entregará a la Generalitat para que la explote hasta la apertura en mayo del 2009 de la desalinizadora de El Prat. A partir de entonces se podrá usar "exclusivamente" en sentido contrario para atender eventuales necesidades del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). Estas son las condiciones que fija el convenio de las obras que firman mañana en Madrid la ministra Elena Espinosa y el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El acuerdo también otorga a la Generalitat la dirección facultativa de las obras de la nueva conducción que discurrirá, "siempre que sea posible", por el trazado de la autopista AP-7, entre el barrio de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona y el municipio de Olèrdola (Alt Penedès), punto de conexión con la red de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El Govern se encargará igualmente de las expropiaciones y ocupaciones de bienes afectados y de gestionar los permisos.
SIN ESTUDIO DE IMPACTO
La situación "excepcional" creada por la sequía implica que todo ello se haga con la mayor rapidez. El propio convenio alude expresamente al riesgo de desabastecimiento que existe para una población de cinco millones de personas. De ahí que de acuerdo con el decreto-ley aprobado el pasado 21 de abril que ampara toda la operación, estas obras estén exentas de seguir el trámite de evaluación de su posible impacto ambiental. En la mayoría de obras públicas de titularidad estatal este paso supone muchos meses e incluso años de tramitación. El convenio solo dice al respecto que el proyecto "se someterá a consulta de la comunidad autónoma".
Toda la asunción de responsabilidades de la Generalitat en este tema se ampara en el nuevo Estatut que prevé ceder competencias de ejecución y explotación de obras estatales mediante convenio. El acuerdo se remite también al Estatut en un punto de la mayor importancia: la financiación. En este sentido el texto que firmará mañana Francesc Baltasar no deja lugar a dudas.
El convenio especifica que el presupuesto estimado de 180 millones tendrá la consideración de "inversión estatal en infraestructuras a los efectos de la disposición adicional tercera", el decisivo párrafo del Estatut que debería vincular durante siete años el gasto estatal en infraestructuras en Catalunya al porcentaje del PIB catalán. Los intentos del conseller de Economia, Antoni Castells, de que el dinero procediera de fondos estatales de emergencia, como se ve, al final no ha fructificado.
La utilización de la tubería Tarragona-Olèrdola en sentido inverso para transferir caudales hacia el sur una vez puesta en marcha la desalinizadora de El Prat o superada la situación de emergencia por la sequía podría no ser una posibilidad remota. Algunos veranos el caudal que proporciona al Camp de Tarragona el minitrasvase del Ebro que gestiona el CAT apenas cubre las necesidades hídricas de la zona.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Una comisión mixta con cinco altos cargos del ministerio y cinco de la Generalitat, que se constituirá de forma inmediata tras la firma del acuerdo, realizará un seguimiento mensual del proyecto. Entre sus funciones habrá dos de capital importancia. La primera, analizar y proponer los mecanismos técnicos que permitan la reversibilidad del uso de la infraestructura del sistema ATLL hacia el sistema CAT. Y la segunda, acordar idénticos dispositivos para materializar la desconexión de la conducción de forma definitiva.
El convenio alude por último a un ámbito especialmente sensible, el de la publicidad y el protagonismo público del proyecto. En un cláusula específica se dice que se utilizarán carteles de obra con las normas del ministerio en los que "además" figurará la identidad corporativa de la Generalitat.
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