Joan Herrera conversa con la Ministra de Agricultura, Elena Espinosa, en el Congreso. FOTO: DAVID CASTRO.El Congreso dio ayer vía libre al real decreto ley para garantizar el abastecimiento de agua a Barcelona. La iniciativa salió adelante por abrumadora mayoría, aunque algunas fuerzas que la apoyaron, como el PP, lo hicieron con duras críticas a los Gobiernos central y catalán por su supuesta negligencia en la gestión de la crisis. ERC, socio del tripartito, y CiU rehusaron respaldar el texto, que pretende asegurar el agua a cinco millones de barceloneses mediante un trasvase temporal desde el Ebro, y optaron por la abstención. El otro socio de los socialistas en el Govern, ICV, se inclinó por el sí.
El resultado fue de 318 votos a favor (PSOE, PP, PNV, ICV y UPD, de Rosa Díez), 16 abstenciones (republicanos y nacionalistas catalanes, BNG, Nafarroa Bai y la diputada popular Luisa Fernanda Rudi, esta por error) y uno en contra, el del único diputado de IU, Gaspar Llamazares. El debate dio pie a un intenso enfrentamiento entre socialistas y populares. Estos reclamaron sin éxito que la iniciativa se tramitara como proyecto de ley con el fin de introducirle enmiendas. Buena parte de la sesión se desarrolló en clave catalana. CIU aprovechó la ocasión para hurgar en las divisiones del tripartito, mientras que ICV y ERC, enfrascados en fuertes debates internos, intentaron a su vez marcar sus respectivos territorios políticos.
"CAMPAÑA IMPÍA"
El portavoz de los nacionalistas catalanes, Pere Macias, alegó que, en el 2002, CiU propuso la misma solución para el desabastecimiento de agua y fue objeto de una "campaña impía" por parte del PSC, ERC e ICV. Añadió que, en todo caso, se trata ahora de una solución insuficiente, "sin tramitación ambiental", y reiteró la apuesta de su grupo por el trasvase del Ródano.
Además, Macias coincidió con Joan Ridao, de ERC, en criticar dos puntos concretos del real decreto: el que imputa a Catalunya el coste de la obra, al contemplarla el marco de la disposición adicional tercera del Estatut, que fija las inversiones en infraestructuras. Y el que permite al Gobierno adoptar "medidas análogas" en cualquier otra situación de emergencia en España. Macias y Ridao señalaron que tras la crisis de Barcelona se deben tomar decisiones de fondo para evitar más trasvases.
Mientras Macias dirigía sus dardos al tripartito, Ridao y Joan Herrera, de ICV, defendieron en todo momento la actuación del Govern y no escatimaron ataques a CiU y al PP. Aunque admitió que la solución propuesta "no le acaba de gustar" y la asume como el "mal menor", el portavoz republicano tachó a los nacionalistas de "demagogos". Herrera acusó a "algunos" de "aprovechar una situación de emergencia para intentar favorecer a lobis poderosísimos", en alusión a la insistencia de CiU en el proyecto del Ródano. Justificó su apoyo al decreto en que recoge las reivindicaciones de ICV.
URGENTE Y PROVISIONAL
En su defensa del real decreto, la ministra de Medio Rural, Medio Ambiente y Marino, Elena Espinosa, dijo que la "reasignación temporal de caudales" --término acuñado para el caso-- tiene carácter urgente y provisional. Explicó que, en el peor escenario, se prevé un déficit de 3,9 hectómetros cúbicos al mes, que se superará cuando se inaugure la desalinizadora de El Prat en junio del 2009. Desde octubre y hasta esa fecha, operará el trasvase temporal, que en ningún caso tomará más de cinco hectómetros cúbicos al mes del Ebro.
Carlos Floriano, del PP, acusó a Espinosa de "faltar a la verdad" por ocultar que se trata de un trasvase y culpó al Gobierno de fomentar la "crispación" al optar por el "decretazo". Soraya Rodríguez, del PSOE, replicó que "no es decente" intentar confundir a los ciudadanos vinculando esta solución al derogado Plan Hidrológico Nacional del PP. Recordó que aquel proyecto costaba 4.200 millones de euros y preveía un trasvase estable de 1.050 hectómetros cúbicos anuales, mientras que la solución actual cuesta 180 millones de euros y contempla una cesión tope de 50 hectómetros cúbicos.
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