Al área de Barcelona le costará un poco más de lo previsto salir de la situación de excepcionalidad hídrica en la que se halla. Y no porque hayan escaseado las lluvias en los últimos días, sino porque el listón de la exigencia para alcanzar la normalidad estará un poco más alto de lo que se había dicho hasta ahora. El Departament de Medi Ambient considera que no podrá darse por cerrado el actual episodio de sequía hasta que los cinco embalses del sistema Ter-Llobregat que suministran agua al área metropolitana lleguen al 58% de su capacidad, o, lo que es lo mismo, tengan 350 hectómetros cúbicos de agua embalsada. El decreto de sequía vigente hasta el pasado 15 de mayo --en esa fecha el Govern acordó modificarlo para mantener las restricciones en el uso del agua potable-- fijaba el umbral de la excepcionalidad en el 50% de la capacidad de los pantanos.
Fuentes del departamento que dirige Francesc Baltasar explicaron a EL PERIÓDICO que el listón de los 350 hectómetros cúbicos es una apreciación técnica a la que se ha llegado teniendo en cuenta que a finales de mayo del 2007 en los pantanos del sistema Ter-Llobregat había 330 hectómetros cúbicos de agua embalsada y apenas cuatro meses después, en septiembre, se entró en situación de excepcionalidad. Medi Ambient argumenta que para que la situación no se vuelva a repetir se incrementa en 20 hectómetros el nivel necesario para considerar que el suministro de agua está garantizado.
CRECEN LAS DUDAS
Las explicaciones de la conselleria llegan en un momento en el que el aumento del nivel de los embalses propiciado por las lluvias de los últimos días ha reabierto el debate en torno a las medidas antisequía y ha situado en el centro de la polémica al minitrasvase del Ebro, una infraestructura aprobada mediante decreto por el Gobierno central para solventar una situación de emergencia. Cada vez son más las voces que alegan que si la situación de emergencia desaparece, el decreto dejará de ser vigente y la obra debería paralizarse.
En esa línea se ha manifestado precisamente la coalición a la que pertenece el conseller Baltasar, Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), cuyo secretario general, Jordi Guillot, insistió ayer en reclamar que el trasvase del Ebro se paralice cuando se garantice el abastecimiento de agua potable y pidió al Govern que determine cuáles son los caudales y las condiciones necesarias para asegurar el suministro. También la dirección de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se mostró dispuesta a pedir que se "reevalúe" el proyecto de interconexión si los técnicos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) consideran que el agua caída en las últimas semanas hace innecesarias las medidas excepcionales.
La respuesta de la ACA irá en la línea de lo avanzado ayer por fuentes de Medi Ambient. El departamento considera que si se mantiene el bajo índice de pluviometría del último año, el umbral de los 300 hectómetros cúbicos (el 50% de la capacidad de los embalses) no garantiza llegar con el suministro cubierto al mes de mayo del 2009, cuando entrará en funcionamiento la desalinizadora de El Prat.
La posición del socio mayoritario en el Govern tripartito es sensiblemente diferente a la de ERC e ICV. El secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, mantuvo ayer que Catalunya continúa en situación de emergencia hídrica y recordó que hace un año los embalses de las cuencas internas estaban casi 20 puntos por encima de la situación actual. Paradójicamente, la posición del PSC halló mayor respaldo entre las fuerzas de la oposición --tanto CiU como el PP pidieron que sigan adelante las obras del trasvase-- que entre sus socios. Cabe recordar que, a diferencia de la propuesta de trasvase del Segre, el envío de agua del Ebro no es un proyecto de la Conselleria de Medi Ambient, sino, directamente de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno central.
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