La conducción de la crisis de la sequía sumó ayer un nuevo volantazo. Sería exagerado decir el enésimo, como sería falso decir el primero. El martes, tras las copiosas lluvias del fin de semana pasado que han permitido elevar en un 3,7% las reservas en los pantanos, el Govern, por boca del conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, afirmó --con evidente contrariedad-- que las restricciones se iban a levantar el viernes por imperativo legal, como manda el decreto de sequía aprobado en mayo del 2007. La reacción en tromba del Gobierno de Aragón y de los ayuntamientos de Reus y Tarragona, hasta ahora los únicos aliados que había encontrado el Govern, hizo replantearse la cuestión al Ejecutivo. Partiendo de la base de la mejora de los embalses, los aragoneses reclaman la anulación de los trabajos de trasvase del Ebro, mientras que los alcaldes de Reus y Tarragona anunciaron que cierran el grifo de sus pozos y, a partir de ahora, solo se cargará en los barcos aljibe agua del Ebro.
El president de la Generalitat, José Montilla, y el conseller Baltasar anunciaron que el Ejecutivo catalán estudiaría la forma de poder prolongar las restricciones. Durante todo el día de ayer los servicios jurídicos del Govern trabajaron para poner a punto una propuesta. Se trata de una modificación del decreto de sequía por el que se mantendrán las restricciones de excepcionalidad 2 (riego de jardines, llenado de piscinas) aunque se alcance la excepcionalidad 1. El objetivo es que las prohibiciones sigan vigentes durante un tiempo, hasta que la nueva fase --excepcionalidad 1-- esté consolidada y no se mantenga sobre un alambre como el Departament de Medi Ambient cree que ocurre en estos momentos.
APROBACIÓN
La modificación del decreto será aprobada hoy por el consejo de administración de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y, previsiblemente el viernes, por un Consell de Govern extraordinario. De no convocarse uno extraordinario, el visto bueno del Ejecutivo catalán llegaría el próximo martes, y su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, el miércoles. Ello abriría una rendija de cuatro días, desde la confirmación oficial del paso a excepcionalidad 1, en los que sería plenamente legal llenar las piscinas.
Las prisas, ahora, del Govern y de Medi Ambient --cuando no era descabellado pensar, hace una semana, que las grandes lluvias pronosticadas iban a mejorar el estado de los pantanos-- tienen una doble raíz. La obvia, la hídrica. En Medi Ambient existe el temor de que el relajo de las medidas y la cercanía del verano traigan un repunte del consumo y un descenso veloz de las reservas.
La otra raíz es política. Tanto el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, como los alcaldes de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, y Reus, Lluís Miquel Pérez, han sido los únicos que han apoyado con hechos la gestión del Govern. Y lo han hecho en plazas nada fáciles.
Iglesias, en Zaragoza, ha mantenido siempre que la prolongación del trasvase, atendiendo a sus peculiares características --temporal y reversible--, no era de hecho un trasvase. Solo cuando el Govern dio a entender que en Catalunya se acabarían las restricciones más aparatosas pidió el Gobierno aragonés la anulación del trasvase y anunció la interposición de una demanda de inconstitucional contra el decreto del Ebro.
Ballesteros y Pérez, en marzo, atendieron raudos la petición de ayuda de la ACA ofreciendo el agua de sus pozos municipales, que extraen agua del acuífero de esta zona. El acuífero se encontraba en barbecho desde que en 1989 se inauguró el minitrasvase del Ebro a tarragona. Estaba, entonces, sobre explotado y tenía grandes problemas de salinización. Así, el apoyo solidario de los alcaldes --agradecido por Baltasar en una entrevista en este diario-- les costó más de un problema por la oposición frontal de muchos, que entendieron que con la extracción de agua para Barcelona el acuífero podía volver a salinizarse.
GRANDES TITULARES
El presunto levantamiento de las restricciones, recogido en grandes titulares por la prensa local tarraconense --el Diari de Tarragona se despachó ayer con un espectacular "Barcelona llena sus piscinas con el agua de Tarragona"--, hizo que la presión fuera ya insoportable para Ballesteros y Pérez. El primero, informa Ferran Gerhard, comunicó a la empresa municipal de aguas (EMATSA) que, con fecha de hoy, no se deberá extraer agua de los acuíferos municipales de la ciudad para ser transportada en barco hacia el puerto de Barcelona. Los buques aljibe llevarán en exclusiva agua del Ebro, una opción que el conseller Baltasar aseguró el martes que estaba solo en estudio.
Lógicamente, en el delta, la polémica sobre las restricciones suponen, a tres días de la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) contra el trasvase, todo un empujón a la concentración, si es que lo precisa. El principal portavoz de la PDE, Josep Tomás, atacó el martes las obras. Según Tomás, "el Govern necesita" el trasvase "para justificar la entrega de 200 millones de euros a unas empresas muy concretas encabezadas por Agbar". De estos millones, dijo el líder de los antitrasvase "se beneficiarán determinadas entidades financieras en referencia a La Caixa, accionista de Agbar, con lo cual lo que se produce es un trasvase de dinero público a empresas privadas".
Tomás señaló también que "con la excusa de que están gestionando la sequía, en verdad están condonando deudas electorales o políticas". Preguntado por este diario si acaso tenía pruebas de lo que denunciaba, dijo "reservarse la respuesta, pues hay gente trabajando en ello", informa Sílvia Berbís.
En paralelo, ayer se produjeron las primeras bajas políticas. El alcalde de Ulldecona (Montsià), Josep Lluís Millan (ERC), rompió su carnet del partido. No es el único. Los miembros de la asamblea local de esta formación en Sant Carles de la Ràpita (Montsià) anunciaron su baja de la fuerza ecosocialista.
A todo esto, la federación de constructores de piscinas, viendo que son objeto de las bofetadas, pidieron ayer no ser criminalizados.
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