Miles de personas se manifestaron ayer en Amposta contra el envío de agua del Ebro desde Tarragona al área metropolitana de Barcelona. Lo hicieron con el convencimiento de que estamos ante un trasvase que vulnera la ley que derribó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) impulsado por el Gobierno de José María Aznar. En este sentido, los promotores de la protesta probablemente exageran. Porque lo que se plantea con la tubería de emergencia que debe abastecer con agua del Ebro a Barcelona es una solución temporal, debida a una emergencia y que nada tiene que ver con el gran trasvase, que debía abastecer a la comunidad valenciana y a Murcia, previsto por el PHN y rechazado mayoritariamente en Catalunya y Aragón.
Pero existe entre los contrarios al trasvase --una mayoría en Catalunya, no lo olvidemos-- un lógico temor a que con el pretexto del episodio de sequía que padece el área metropolitana de Barcelona pueda extraerse agua del Ebro que en principio está destinada al regadío o al mantenimiento del caudal ecológico que permite la supervivencia del ecosistema del delta. Las últimas lluvias, que han aliviado solo en parte la penosa situación de los pantanos catalanes, dan argumentos a quienes defienden que ya no debe hacerse la conexión Tarragona-Barcelona prevista en el real decreto aprobado por el Gobierno central.
Se trata de una cuestión técnica. Pero está claro que tanto la Administración estatal como la Generalitat deben combatir con el arma de la información a la desconfianza de quienes ayer se manifestaron en Amposta. Desde que se encendieron las luces rojas de alarma por la sequía, los responsables de la Generalitat no han dejado de dar bandazos, en lugar de informar con claridad y a diario de la situación. Así, nos encontramos con que se han tomado unas decisiones --en momentos de pánico-- que ahora parecen superfluas, a la espera de la entrada en funcionamiento de las desalinizadoras. Y otras, como el llenado de piscinas, que fueron retiradas e inmediatamente repuestas. Esa política errática ha contribuido a activar los recelos.
La crisis hídrica ha puesto de manifiesto, en lo que ya es un clásico de la política catalana, las diferencias entre los socios del tripartito. Esquerra ha empujado las protestas contra la conexión de agua entre Tarragona-Barcelona y ha vuelto a poner su papel en la calle por encima de su responsabilidad en el Govern.
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