El propósito del Govern de la Generalitat de mantener las restricciones en el uso del agua tanto para llenar piscinas como para regar jardines está sobradamente justificado a poco que se comparen las reservas de agua embalsada ahora --el 29% de la capacidad total-- con las de hace un año --superiores al 50%--, cuando la sequía ya era un hecho. Lo mismo cabe decir en cuanto a mantener en pie el resto del tratamiento de choque decidido para garantizar el suministro de agua a la conurbación de Barcelona --buques aljibe, traída de aguas del Ebro, etcétera-- a pesar de las lluvias de la pasada semana y de las que se anuncian para los próximos días. Sería poco menos que irresponsable dejarse llevar por un optimismo desmedido y bajar la guardia.
Si para mantener en vigor todas las medidas anunciadas es preciso modificar los términos de los dos decretos por los que ahora se rigen las medidas contra la sequía, debe hacerse con rigor y transparencia. Eso incluye explicar qué riesgos se correrían en caso de renunciar a alguna de las actuaciones decididas, qué uso se hará del agua y en qué momento será técnicamente exacto decir que se ha superado una situación de riesgo inmediato. De lo contrario, se dará pábulo a la desconfianza de quienes deben ceder parte de su agua --ayuntamientos, asociaciones de regantes, la comunidad autónoma de Aragón-- y exigen que cualquier medida se atenga a los requisitos contenidos en los decretos aprobados o a que, en su caso, se negocie con ellos y se tramite su modificación. De esta forma, además, se neutralizará la demagogia y la crítica fácil que amenaza con envenenar el debate sobre la administración pública y solidaria de los recursos hídricos.
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