Ningún asco le hacen los catalanes --revela el Barómetro de primavera-- a reciclar el agua de la depuradora de El Prat para que, desde allí, se potabilice y reconduzca hasta sus hogares. Están dispuestos a beberla, y a multar a sus vecinos si la malgastan, y a que venga del Ebro aunque sea por autopista, e incluso, aunque con menos respaldo (es curioso) a que llegue en barco a Barcelona. Es un interesante resumen de semanas y semanas de tensión política que invita a concluir que ha sido más la fontanería política que el simple sentido común lo que ha puesto a hervir el debate.
Tan criticada ha sido la gestión del conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, en la crisis hídrica (más por oscura que por ineficaz), que un breve elogio ahora no distorsionará. Hay que remontarse al día en que, tras pactar con la nueva ministra Elena Espinosa el trasvase de emergencia a Barcelona, invitó a los militantes de ICV (su propio partido) a salir por la puerta si estaban disconformes con el acuerdo.
La guerra del agua --venía a decir el conseller-- no es equiparable a la revuelta ciudadana que en 1989 desencadenó, por ejemplo, el plan de residuos de la Generalitat, capaz por su envergadura de alterar el mapa electoral catalán. Tenía razón.
La realidad, esta vez en forma de encuesta, es muy tozuda. Los ciudadanos incluso aplauden por orden, en función de la inversión que requieren, las soluciones a medio plazo. Apoyo unánime a las desalinizadoras y más que aceptable (mérito exclusivo de CiU) al plan Ródano.
Podría parecer que todo lo acontecido ha sido una tormenta en un vaso de agua. No es así. La sequía del 2008 ha permitido no solo descubrir qué hace el Govern para evitar futuras crisis, sino también destapar la profunda desconfianza que el área metropolitana de Barcelona despierta en el resto de Catalunya, motivo tal vez de otro barómetro.
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